Se trata de la ley de creación del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, sancionada el 25 de noviembre de 2020 por la Legislatura. Esa normativa plantea que “no podrán ejercer la abogacía ni la procuración por incompatibilidad», entre otros, los “magistrados, funcionarios y empleados judiciales provinciales y nacionales jubilados, que no suspendan el beneficio previsional al que accedieron”.
El amparo presentado por Vírgala, con el patrocinio del abogado Miguel Cullen, apunta a conseguir que el colegio que nuclea a los profesionales de Derecho le rehabilite la matrícula para poder ejercer su profesión aunque sin suspender el beneficio jubilatorio que percibe, algo que taxativamente establece la ley vigente.
La causa, caratulada “Vírgala, Pablo Andrés c/ Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y otro s/ Acción de Amparo”, tramita ante la Sala II de la Cámara Segunda Civil y Comercial de Paraná, e interviene la camarista María Fernanda Miotti.
En el recurso, el juez jubilado sostiene que presenta amparo contra el Colegio de la Abogacía luego de que el 20 de marzo último la entidad rechazara “el pedido de rehabilitación como abogado en la matrícula profesional invocando para ello lo dispuesto en el artículo 41º 1 inciso g) de la Ley Nº 10.855, condicionándolo a que suspenda el cobro del beneficio previsional que como exmagistrado poseo, pese a mi expreso pedido en tal sentido”.
“La Resolución Nº 32667 del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos que impugno es manifiestamente arbitraria y lesiona derechos de naturaleza constitucional, basándose para ello en una norma que resulta vulneratoria de expresas disposiciones constitucionales”, dice en el escrito. Y por eso pide que “se declare la nulidad de la resolución impugnada por ser manifiestamente ilegítima, al basarse en normas de derecho local que vulneran de manera notoria derechos de estirpe constitucional” y “se ordene al Colegio a que, de inmediato, o en perentorio plazo que usted fije, haga lugar al pedido de rehabilitación en la matrícula del suscrito, arbitraria e ilegítimamente denegado, sin que me sea exigible suspender el cobro de los haberes previsionales que percibo”.
Vírgala reprocha la decisión del Colegio por cuanto afectaría el “derecho a trabajar, al exigírseme que suspenda el beneficio jubilatorio del que soy acreedor, como condición sine que non para acceder al pedido de mi rehabilitación profesional, basándose para ello solamente en la existencia de una norma que no resiste un mínimo test de constitucionalidad”.
Vírgala recuerda que accedió a la jubilación como juez en agosto de 2022 luego de “casi 40 años de aportes” a la Caja Previsional. El 13 de marzo último “solicité al Colegio mi rehabilitación en la matrícula provincial a efectos de poder ejercer mi profesión de abogado” y la entidad le respondió el 20 de marzo que no podría acceder a su pedido sin antes renunciar a su jubilación.
“Conviene aquí aclarar lo siguiente: mi pedido de rehabilitación matricular instaba al CAER a concederlo sin exigírseme la suspensión del cobro de mis haberes previsionales. Fue un pedido expreso. El CAER insistió en ello, es decir denegó mi expresa petición, condicionándola al cumplimiento del recaudo que entonces y hoy aquí se impugna”, abunda.
Y agrega: “Se trata de discernir acerca de la encrucijada jurídica para lo cual no será necesario abrir la causa a pruebas, la inconstitucionalidad de la norma impugnada emerge luminosa e incontrastable, infectando la pureza del diseño constitucional de garantías”.
En opinión del magistrado retirado de la actividad judicial, el Colegio de la Abogacía, “que debería velar por los abogados, me condena a empezar de nuevo, desde cero; a vivir con lo que obtenga del ejercicio profesional. En otras palabras, me coloca en la situación de aquellos a los que pretende ‘proteger’ frente a la ‘opulencia’ de un juez jubilado devenido en abogado. Paradojalmente, de nuevo, me empuja a la situación que quiere evitar con la infeliz norma que aquí impugno”.
Señala más adelante que la resolución que impugna del Colegio de la Abogacía “vulnera mi derecho constitucional a trabajar, al exigírseme la suspensión del cobro de mis haberes previsionales, como condición necesaria para rehabilitarme en la matrícula profesional”.
“No resulta del todo apropiado autoreferenciarse, pero cuando me recibí de abogado en el año 1989, tuve que lidiar contra muchos exmagistrados que ejercían la profesión y lo que es más importante, frente a muchísimos abogados de enorme prestigio y de holgada situación económica”, plantea.
“Como señalé más arriba, la limitación establecida en la Ley Nº 10.885 no tiene fundamentos en la protección de la vida del Estado, ni el interés de terceros, ni la moral ni el orden público. El fundamento es económico y decididamente ridículo”, completó.
