La Justicia declaró «inadmisible» el planteo promovido por un jubilado que presentó una acción de amparo con pedido de declaración de inconstitucionalidad de la reforma jubilatoria aprobada a mediados de 2022 por la Legislatura entrerriana.
El caso
El abogado Orlando Alberto Jorge presentó un recurso de amparo y pidió que se declare la inconstitucionalidad del artículo 34° de la Ley N° 11.302, que reformó el sistema previsional en la provincia. La acción judicial, que tramita el juez de juicio Juan Francisco Malvasio, se promovió con el Gobierno y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
El letrado accionó contra el artículo 34° de la Ley N° 11.302 -en cuanto sustituyó el artículo 71° de la Ley N° 8.732, vigente antes de la reforma jubilatoria— y del artículo 7° y concordantes de la Resolución N° 4.924/26 de la Caja, “en tanto desvinculan la movilidad de mi haber del escalafón bancario al que pertenecí en actividad y la atan a los incrementos del escalafón ´con mayor cantidad de aportantes´ (personal del Consejo General de Educación), con la que no guardo relación legal alguna”.
En la presentación, pidió a la Justicia que ordene a la Caja “continuar liquidando la movilidad de mi haber conforme a los incrementos salariales del escalafón bancario al que pertenecí al acceder al beneficio”; que se disponga a la vez que la Caja liquide y abone “los incrementos salariales del escalafón bancario devengados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 11.302” que aún “no fueron trasladados a mi haber, imputando a cuenta la suma de $199.776,00 que me fue acreditada bajo el código 5001, con más sus intereses”.
Argumentos de la Justicia
El juez Juan Francisco Malvasio, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, hizo propio el dictamen de la fiscal Natalia Beatriz Taffarel que entendió que la controversia planteada por el jubilado debía “sustanciarse mediante la vía contencioso-administrativa o la acción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 51 de la Ley N.º 8.369, procedimientos que permitirían un conocimiento más amplio de las circunstancias particulares del caso”.
También el magistrado se apoyó en jurisprudencia local, como el fallo del Superior Tribunal de Justicia en la causa «Bahl, Joaquín Emanuel c/Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Gustavo René Hein s/Acción de Amparo” y en particular el voto de la vocal Claudia Mizawak que postuló: «No debe perderse de vista lo que ha sostenido el Cimero Tribunal Federal en cuanto que cabe exigir la demostración de la carencia de otras vías o procedimientos aptos para solucionar el conflicto, y, en su caso, su ineficacia para contrarrestar el daño concreto y grave, pues el am paro es un remedio excepcional que no tiene por objeto obviar los trámites legales ni alterar las jurisdicciones vigentes (…) ya que éste es un proceso excepcional, utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías aptas peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, y exige para su apertura circunstancias m uy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas que ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, originan un daño concreto y grave, solo eventualmente reparable por esta vía urgente y expedita”.
Malvasio concluyó que “resulta necesario que lo que aquí se pretende sea discutido por las vías ordinarias, y no en este marco acotado como es la acción de amparo. Prueba de lo antes expresado surge de las propias posturas de las partes, que difieren incluso sobre los presupuestos fácticos del reclamo. Mientras el actor sostiene que el nuevo régimen reduce a menos de un tercio la movilidad que le corresponde, comparando la recomposición del
personal bancario entre enero y septiembre de 2026 (21,5%) con la del escalafón docente en igual período (6,5%), las accionadas afirman que los incrementos bancarios anteriores al 22/08/2026 le fueron trasladados conforme el régimen anterior, y que en el único período liquidado conforme el nuevo sistema -septiembre de 2026- el actor percibió un incremento del 3,5%, superior al 1,9% obtenido por el personal bancario. Del mismo modo, el actor afirma que se le adeudan los incrementos bancarios de julio y agosto de 2026, en tanto la Caja acompaña un informe de su Área Informática según el cual ´a septiembre de 2026 no se adeudan incrementos salariales de dicho escalafón´».
“Ello me lleva al convencimiento -en coincidencia con lo dictaminado por la Sra. Fiscal, quien advierte la necesidad de un mayor debate y prueba para determinar si existió o no un ejercicio ilegítimo, si ello conlleva la lesión constitucional invocada y la existencia de los derechos adquiridos alegados- que existen otras vías más idóneas para encontrar una solución al planteo efectuado por” el jubilado, observó el magistrado, “en virtud de que el objeto de la litis requiere de otro tratamiento, que la acción de amparo con su margen limitado de prueba no puede brindar”.
Así, Malvasio resolvió “declarar a la presente inadmisible, en virtud de la existencia de medios judiciales más idóneos” y consecuentemente “rechazar la presente acción de amparo contra el Estado Provincial y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos”.
