La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) fijó para el 6 de febrero el juicio contra el ex mandamás de Vialidad provincial. A Tribunales también deberán concurrir funcionarios que respondían a su gestión en el DPV. Es el caso de Néstor Kemerer y Mario Heyde. El primero es el actual director subadministrador del DPV, pero en el momento en el que la denuncia fue presentada en el Ministerio Público Fiscal se desempeñaba como director de Mantenimientos y Suministros. El segundo ocupaba el cargo que hoy ostenta Kemerer.
La demanda penal fue presentada a fines de septiembre de 2015, por diputados provinciales María Emma Bargagna (FAP-Paraná, mandato cumplido) y Jorge Monge (UCR-Diamante, integrante ahora del bloque Cambiemos), con patrocinio legal de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira. La acción se llevó a cabo tras la publicación de la investigación periodística de Jorge Riani, de la revista "Análisis". Los demandantes le endilgaron a Rodríguez la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado.
Los denunciantes apuntaron a Rodríguez por supuestos manejos irregulares en la administración de dinero público para sostener una escuela privada y para una campaña solidaria en la provincia del Chaco, apartándose de las funciones que establece Ley de creación de Vialidad, Nº 2.936. La fiscal Yedro amplió la acusación a otros funcionarios del DPV.
La escuela y la campaña solidaria en Chaco
Los denunciantes hicieron hincapié en la creación de la Escuela Privada Nº 235 "Heraclia Ruiz Díaz", ubicada en calle Brasil Nº 1050 de Paraná, en un predio perteneciente a la DPV. El emprendimiento educativo fue duramente cuestionado en un informe elaborado en 2015 por Nanci Vinagre, asesora jurídica del Tribunal de Cuentas.
Según la denuncia, ese espacio fue desocupado por la Dirección de Mantenimiento y Suministro, que entonces estaba a cargo de Néstor Kemerer. Allí se construyeron tres aulas y se colocó mobiliario para el funcionamiento de la escuela que lleva el nombre de la fallecida madre de Kemerer. Todo sin licitación pública y con fondos de Vialidad, cuya misión no es otra que el mejoramiento, mantenimiento y reparación de rutas y caminos – entre otras tareas – de la provincia.
Se mencionó, además, que la titularidad de la institución educativa corresponde a la Asociación Civil y Cultural "Los viales", cuya comisión directiva presidía Rodríguez e integraban, entre otros, el Director de Mantenimiento y Suministro, Néstor Kemerer. En la demanda destacaron que la constitución de la persona jurídica de la asociación civil fue "posterior al comienzo de los trabajos de la escuela".
Otro punto cuestionado por irregular fue una campaña solidaria con la comunidad Wichi, en la provincia de Chaco, a fines de junio y comienzos de julio de 2014. De dicha campaña también participaron el Arzobispado, parroquias y escuelas de Paraná.
Si bien los denunciantes calificaron que la campaña tenía un "fin loable", resaltaron que ello se realizó con fondos del DPV y sin la debida autorización presupuestaria. Para la tarea, la gestión de Rodríguez habría pagado viáticos a los agentes del organismo que participaron del viaje.
La demanda que puso a la fiscalía tras los pasos de Rodríguez también menciona otras irregularidades. Como el caso de haber habilitado una especie de "Ministerio de Desarrollo Social" paralelo. Rodríguez le llamó "Departamento de Gestión Social", desde donde, según los denunciantes, se habrían realizado actividades "ajenas por completo a las funciones de la Dirección Provincial de Vialidad".
En el escrito, los letrados adjuntaron una serie de enlaces a un sitio y páginas de Facebook en el que se daba cuenta que la oficina en realidad actuaba como un "servicio de prensa y organización de actividades destinadas a la promoción y exaltación" de Rodríguez. El departamento tenía un sitio Web llamado "Gestión Entrerriana" y su réplica en la red social, en la que se debían informar las actividades que desarrollaba.
Lejos de ese fin, varias publicaciones sólo mostraban a Rodríguez en actividades partidarias del Frente para la Victoria. Tras la demanda, toda huella digital fue borrada. Fuentes judiciales indicaron que la fiscal Yedro habría desestimado esta parte de la demanda al momento de imputar a Rodríguez.
