“Después de 40 años adaptamos una norma que data de 1982, el decreto Ley 6963, a lo que es el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado en Argentina en 2014 y vigente desde 2015, y la nueva normativa en materia de Sociedades. Ahora tenemos una Ley moderna que se generó en forma más activa y con la participación de diversos actores. Esta norma hará que el servicio que se preste sea más ágil, más eficiente y más cercano al vecino”, mencionó la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero.
En esta línea, agradeció a los Colegios de Profesionales y los equipos jurídicos del Ministerio que trabajaron en el texto de la normativa y resaltó el compromiso de legisladores para modificar una Ley que estaba vigente desde la dictadura militar.
"Esto significa un paso sustancial en materia de modernización en el organismo provincial. Hemos avanzado mucho en materia de digitalización, ya se pueden consultar trámites, emitir certificados y sacar turnos online. Además, estamos trabajando para que las presentaciones de trámites se puedan realizar en toda la provincia a través de la página web”, informó Romero.
La nueva normativa establece que la Dirección General pasa a ser un órgano desconcentrado, que ejerce en forma exclusiva las competencias que la nueva ley le atribuye, con dependencia del Ministerio de Gobierno sólo en cuestiones administrativas.
Además, establece con mayor precisión la naturaleza jurídica del organismo, como así también sus competencias, el ámbito de actuación del mismo, manteniendo el control de legalidad, y las funciones de fiscalización, control y registro sobre las personas jurídicas de la provincia, el que se precisa en cada una de sus figuras.
En este sentido, Romero detalló: “la modernización de este organismo es sumamente importante para los trámites e inscripciones de sociedades comerciales y entidades civiles, que deciden hacerlo en Entre Ríos”.
En cuanto a la modernización, la Ley posibilita a disponer de notificaciones electrónicas en todos sus trámites, como así también los distintos plazos para instar los trámites y resolver, regula el recurso de queja y el silencio como denegatoria a favor del administrado.
Lo novedoso del texto es la creación de un fondo especial propio, a partir de las tasas que se abonan por los trámites que lleva adelante el organismo, el cual posibilitará, incorporar tecnología, informatización y capacitación del personal, con fondos propios.
“Durante esta gestión se pudo digitalizar la mayoría de los expedientes de sociedades de responsabilidad limitada de la provincia ya inscriptos y todos los trámites de entidades civiles y comerciales que ingresan actualmente al organismo”, finalizó.
El nuevo texto, actualiza también la estructura organizativa a los requerimientos de la sociedad actual, establece que estará dirigida por una Dirección General elegida por el Poder Ejecutivo y una Dirección Jurídica y dos subdirecciones , una Jurídica y una de Gestión, los que serán elegidos por concurso de antecedentes y oposición.
Por último, le da jerarquía de ley al Órgano Consultivo Permanente de la gestión integrado por los Colegios de profesionales de la abogacía, de la escribanía y de las ciencias económicas, vinculados al ente.
El director de Personas Jurídicas, Lisandro Amavet mencionó a su momento: “Con el nuevo texto, se establecen nuevos procedimientos, nuevos institutos, contemplándose diferentes situaciones que hacen a la realidad comercial e institucional actual, más modernas, con posibilidades de implementar procesos tecnológicos que hagan más ágil y eficiente el servicio que prestamos”.
El nuevo texto incorpora un fondo propio que permitirá jerarquizar el organismo, como ente especializado de control y fiscalización de las personas jurídicas.
“Es muy lindo que haya sido aprobado este nuevo régimen legal porque uno siente que pasó por la función pública y dejó algo, aportó su granito de arena para hacer que las cosas funcionen un poco mejor”, subrayó.
“Esta nueva ley será una herramienta legal que posibilita prestar un mejor servicio desde nuestra Dirección, más moderno, más ágil, más eficiente, simplificando trámites a través de la incorporación de tecnología. Nos permite establecer y mejorar procedimientos que le faciliten la vida a la gente. El Estado tiene que acompañar la iniciativa privada”, agregó.
