Claro que no se trató de un trámite más. En el inmueble, emplazado en Alameda de la Federación 421, funcionó el último estudio jurídico que Claudia Mizawak atendió en la ciudad de Paraná antes de asumir como vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Y fue su hija quien celebró el convenio con Lauritto.
En la tercera cláusula del contrato se fijó que "el locatario se compromete y obliga a abonar a la parte locadora la suma de Pesos Catorce Mil Quinientos con 00/100 ($ 14.500) mensuales pagaderos por mes vencido (?) debiendo efectuarse sobre el mismo las retenciones y/o descuentos que por Ley correspondan".
La propiedad alquilada tiene una superficie de 147,16 metros cuadrados distribuidos en dos niveles. En el documento quedó explicitado que en la planta baja cuenta con "un (1) recibidor o sala de espera y una (1) oficina", mientras que en la parte superior dispone de "cuatro (4) habitaciones, un (1) depósito o archivo, dos (2) baños, una (1) habitación amplia y una (1) cocina equipada con alacena, bajo mesada y placard".
Al texto firmado por Lauritto y Ormache se le agregó, como es de estilo en cualquier acuerdo de este tipo, un inventario del inmueble. Así se dejó constancia de todo lo clavado y plantado en esa propiedad, que se encontraba "en excelente estado de conservación en general (techos, paredes, pisos, aberturas, instalación eléctrica y sanitaria)", según se precisó en la primera cláusula.
Todo quedó en familia
Cuando el acuerdo con el MEDyPA llegó a su fin el local volvió a ser rentado por la provincia. El nuevo inquilino pasó a ser Sergio Reggi, titular de la Secretaría de Gestión Pública, quien firmó contrato con Tomás Arroyo, hijo de Mizawak y del secretario de Energía, Raúl Arroyo.
El vínculo fue convalidado a través del decreto 1.804/16 GOB, firmado por el gobernador Gustavo Bordet y su ministro de Gobierno, Mauro Urribarri. Fechada el 7 de julio del pasado, la norma recién fue publicada el 1 de diciembre último en el Boletín Oficial.
Este portal dio detalles del acuerdo 12 días después. Entre otras cosas indicó que en el nuevo contrato, firmado el 1 de abril de 2016, se fijó una extensión de 24 meses aunque no pudo informar sobre el canon mensual acordado ya que el monto fue omitido en el decreto, que se publicó sin el anexo documental que contenía una copia del convenio. También indicó que a través del tercer artículo del decreto 1.804/16 GOB se imputó a dos partidas una reserva presupuestaria de 232.724 pesos, lo que hacía suponer un desembolso promedio de 9.696,83 pesos mensuales.
Además se precisó que Reggi suscribió el contrato junto con Roberto León, quien lo hizo como apoderado del locador. Sin embargo en su cuarto artículo el decreto estipuló que la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación quedaba autorizada a "abonar el canon locativo y las demás erogaciones resultantes por aplicación de lo dispuesto en el presente decreto a favor del señor Tomás Alejandro Arroyo, previa presentación de las facturas o recibos correspondientes debidamente conformados, emitidos de conformidad con las normas tributarias vigentes".
Cuando los detalles del nuevo convenio salieron a la luz, la administración Bordet advirtió sobre su rescisión, dejando trascender que el propietario había reclamado la devolución del inmueble, cuyas expensas siguen figurando a nombre de Ormache.
Y fue así que el Ejecutivo puso manos a la obra, dejando a cargo de la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación el alquiler de otra propiedad en inmediaciones del Centro Cívico.
Pero esa es otra historia.
