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Un millón para una sola empresa: Next SRL
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La rendición de los gastos de campaña de las últimas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), dejó en claro que a pesar de las imputaciones en su contra Juan Pablo Aguilera sigue haciendo negocios con el Partido Justicialista. Tal es así que la firma Next SRL percibió 1.006.146,75 pesos por la producción de pasacalles.

La cifra representó casi el 50 por ciento de los gastos admitidos ante la Justicia Electoral por la Lista 2 Somos Entre Ríos. El oficialismo provincial, de acuerdo con la documentación presentada, destinó 2.413.470,08 pesos para afrontar la campaña electoral, un monto idéntico al de sus ingresos entre aportes públicos y privados.

A la hora de justificar sus egresos la nómina que contaba con el aval del gobernador Gustavo Bordet reconoció desembolsos por 2.157.692,68 pesos bajo el rubro "Gastos de publicidad electoral", que fueron discriminados de la siguiente manera: 120.000 pesos para publicidad en internet; 18.902 pesos para organización de actos; 194.298,59 pesos para folletería; 86.993,34 pesos para publicidad gráfica; 300.000 pesos para honorarios profesionales de agencias de publicidad; y 1.437.498,59 pesos para publicidad en la vía pública.

A eso se sumaron otros 225.000 pesos bajo el ítem "Gastos operativos de campaña". En ese renglón todo el dinero fue destinado a la impresión de boletas, quedando vacíos los otros 20 ítems previstos en el formulario confeccionado por la Justicia Electoral.

Para el despliegue de avisos por calles y rutas el oficialismo contrató a tres empresas: Viera y Asociados, Jesús José María Bustamante y Next SRL. La primera cobró 200.000 pesos por el alquiler de espacios para la colocación de afiches, mientras que la segunda percibió 200.000 pesos por el uso de carteleras en la vía pública y otros 31.352 pesos por la impresión de avisos.

Para reconocer los servicios prestados por la firma Next SRL la Lista 2 Somos Entre Ríos emitió dos facturas: una el 31 de julio último y la restante el 4 de agosto pasado. La primera por 278.100 pesos y la segunda por 728.046,75 pesos, llegando así a superar el millón de pesos.

Los datos fueron incluidos en el Anexo II-C-3 de la rendición de gastos de campaña conforme lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 26.571, que prevé el informe final de lista interna en elección primaria. La documentación debió presentarse el 12 de septiembre pasado y puede consultarse en la página web de la Justicia Electoral (www.pjn.gov.ar) Según consta en la rendición de cuentas de la Lista 2, el primer responsable económico de la campaña fue Guillermo Gorskin Amerman. Alguien que también informó sobre los 2.338.500,08 pesos que el oficialismo recaudó en concepto de contribuciones y aportes privados: 2.080,08 pesos a través de un depósito y los 2.236.500 pesos mediante transferencias electrónicas.

La nómina de aportantes incluyó a varios de los entonces precandidatos a diputados nacionales, como Mayda Cresto o Gustavo Zavallo, y también a numerosos funcionarios del gobierno provincial, con sumas que oscilaron entre los 5.000 y los 50.000 pesos.

Si bien Aguilera no figura entre los accionistas de Next SRL, el directorio de la firma está compuesto por familiares y allegados suyos, entre ellos su esposa, Alejandra Almada. Tampoco aparece en los papeles de otras empresas del grupo que brindan idénticos servicios, como Tep SRL o Formato Urbano, que fueron asiduos proveedores del Ejecutivo entrerriano durante los últimos 10 años.

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Juan Pablo Aguilera Agrandar imagen
Juan Pablo Aguilera
Y tampoco es novedosa la aparición de Next SRL como contratista del PJ. En 2015, cuando el Frente para la Victoria presentó sus rendiciones de gastos de campaña ante la Justicia Electoral también incluyó a la firma entre sus proveedores. Aguilera está imputado por negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y presunto enriquecimiento ilícito. Es que durante las gestiones del ex gobernador Sergio Urribarri su cuñado se desempeñó primero como secretario de la Cámara de Senadores y luego como titular de la Casa de Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y su condición de funcionario, a criterio del Ministerio Público Fiscal, facilitó el camino para que las empresas que se le atribuyen a su entorno pudieran ser contratadas con llamativa frecuencia.
Fuente: El Entre Ríos

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