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Aunque las comparaciones entre salarios resulten odiosas, son inevitables. Máxime en momentos en que desde los despachos oficiales se argumenta que no hay fondos, por ejemplo, para un adicional que contemple a los jubilados.

Durante el conflicto desatado por el reclamo policial en diciembre de 2013, algunos uniformados se encargaron de poner en evidencia la notoria disparidad que habría entre sus "magros" haberes y los que perciben los empleados de la justicia. ¿Es así? ¿Existe tal disparidad?

Cabe suponer que los policías eligieron a los judiciales como parámetro por dos razones. La primera: son los mejor pagos. La segunda razón, tal vez no tan perceptible a simple vista, es que policía y justicia son dos áreas del Estado que interactúan a diario. Hasta puede decirse que trabajan juntas y se necesitan. Valga como ejemplo que, al momento de ordenar un procedimiento, el fiscal da la orden a la policía, puesto que serán uniformados los encargados de ejecutarla. En muchas ocasiones, llegan juntos a un domicilio un oficial de justicia y un oficial de policía. ¿Pueden tener sueldos abismalmente diferentes?

En el sitio web del Ministerio de Hacienda de la provincia de Entre Ríos, el gobierno publica trimestralmente un detalle con los sueldos testigos de todos los escalafones de empleados públicos: general, docente, seguridad, vial, salud y judicial. El último informe disponible es el de septiembre de 2013, que adjuntamos a esta nota en archivo PDF, para que el lector pueda descargarlo, analizarlo y sacar sus propias conclusiones.

Es inevitable que al repasar los números, impacte que el sueldo neto de un "Auxiliar Ayudante" con 10 años de antigüedad en tribunales, con tareas propias del personal de maestranza, tiene un sueldo neto superior a un Oficial Inspector de la Policía (también con 10 años de antigüedad). El primero percibía en septiembre último $ 9.232,35 mientras el segundo cobraba un neto de $ 6.037,78.

Igual asombro provoca advertir que el maestranza de la justicia aventaja no sólo al oficial inspector de la policía sino también a muchos otros empleados públicos, entre los que hay maestros, enfermeras, médicos, etc. Como ser: Categoría 4 del escalafón general con 15 años de antigüedad ($ 5.393,87); Director de Escuela Común Jornada Simple con 15 años de antigüedad ($ 6.851,75); Jefe de División de Vialidad Clase XV con 10 años de antigüedad ($ 8.155,17) y Médico Jefe de Servicio con 20 años de servicio ($ 9.147,21)

Vale decir que el maestranza de tribunales con 10 años de trayectoria cobra más que el médico que hace 20 años es responsable de alguno de los servicios en los hospitales.

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En el cuadro que elaboramos tomando sólo algunos sueldos testigos, si ordenamos los montos de menor a mayor, el peor pago es el empleado del escalafón general con la categoría más baja (10) y hasta 2 años de antigüedad, que apenas llega a 3.170 pesos. Un peldaño más arriba aparece la Enfermera Tramo B con 5 años, con 4.056 pesos. Luego se ubica la maestra de escuela común, jornada simple, con 15 años de antigüedad, que llega a $ 4.516,87. El agente de policía con 4 años de antigüedad se ubica en el cuarto lugar de los peor pagos, con $ 5.182,82. Todos estos valores son de septiembre de 2013.

En el gráfico, el único que supera al maestranza judicial es el juez de primera instancia con 10 años de antigüedad, que cobra un sueldo neto de $ 17.014,37. Vale decir que el magistrado (que no es el que más gana entre los jueces) percibe casi 6 veces más que la categoría más baja del escalafón general; cuadruplica a la enfermera tramo B y a la maestra con 15 años de antigüedad y algo más que triplica al agente de policía.

La denuncia de los empleados de registros de la propiedad

No sólo los policías han comparado sus haberes con la Justicia.

En agosto de 2011, los empleados de registros de la propiedad inmueble de Concordia hicieron público su descontento por la inequidad salaria. También eligieron a la justicia como parámetro.

A valores de entonces, pusieron como ejemplo a un Juez de 1ª instancia, cuyo básico ascendía a $ 14.058, más otros $ 14.054 por una antigüedad igual o mayor a 25 años, y $ 4.386 por intangibilidad, lo que arrojaba un total de $ 32.502. También, como otro ejemplo, mencionaron al "escribiente y ordenanza" judicial, que en aquel tiempo cobraba $ 8.202. Por último, daban a conocer que "un Jefe de Registro con 3 años de antigüedad cobraba en mano $ 5.600,00 ($2.602 menos que el Ordenanza y sin poder ejercer su profesión)".

Las dietas de los legisladores

Tal vez los únicos que no tengan nada que envidiarle a la justicia sean los legisladores.

En noviembre de 2012, cuando se estaba por aprobar el Presupuesto para el año 2013, se filtró un dato polémico. Aunque el texto legal no preveía aumento de sueldos para los empleados estatales, subordinándolos a los posibles incrementos de la recaudación, sí establecía un aumento de las dietas de los Legisladores, que pasaban de $ 23.000 en el presupuesto 2012 a $ 38.000 en el 2013.

Algunos legisladores se encargaron de aclarar que en verdad el presupuesto 2013 no hacía otra cosa que transparentar un incremento de las dietas que ya percibían desde octubre de 2012, oportunidad en que también los judiciales se vieron beneficiados por una recomposición.

"En octubre, los legisladores provinciales cobraron sus dietas con un aumento del 62,18 por ciento, mientras que en el Poder Judicial el número llega a 44,74 por ciento. De esta manera, sólo por este ítem, diputados y senadores cobrarán $ 38.029,49 y los vocales del Superior Tribunal de Justicia $ 31.409,49. La 'recomposición' se da luego de otorgarle a docentes y estatales del 19 por ciento porque 'no hay plata'", revelaba un informe publicado por aquel entonces.

A juzgar por las planillas de sueldos testigos de septiembre de 2013, que publica la Dirección de General de Liquidación de Haberes dependiente de la Secretaría de Hacienda de Entre Ríos, es evidente que las disparidades subsisten, con ingresos de legisladores y jueces que lucen privilegiados si se los compara con el resto. O, a la inversa, hay una enorme mayoría de empleados públicos, entre los que se cuentan profesionales de la salud, educadores, viales y policías, que han sido postergados.
Fuente: elentrerios.com

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