El ex diputado provincial tiene cerrado una pena de dos años y ocho meses de prisión condicional, entregar su casa del Parque “Urquiza” valuada en 720.922 dólares; y otra en el centro de Paraná que tiene un valor de 378.289 dólares.
También deberá pagar una multa de tres millones de pesos. Todo eso por el delito de enriquecimiento ilícito fijado en más de un millón de dólares; por haber agredido a la ministra de Salud Sonia Velázquez, lo que se constituyó en una causa de violencia de género con el testimonio de otros funcionarios; y por las amenazas al periodista Martín Carboni. En este último caso, el fiscal Álvaro Piérola ya había elevado la causa a juicio y adelantado una pena de dos años.
Velázquez fue a la Justicia
Tras conocerse el acuerdo, la ministra manifestó en la prensa su malestar por la propuesta de la que se beneficiaría Allende. Esa expresión, sin embargo, se plasmó en una presentación judicial en la que Velázquez rechazó el acuerdo al entender que la unificación de las causas no tiene un criterio que permita juzgarlo en un solo acto.Es así, la ministra de Salud del Gobierno de Entre Ríos se presentó en la Justicia y planteó su disconformidad. Dijo que así se busca "invisibilizar" la causa por violencia de género que le inició al exdiputado José Allende (PJ).
La audiencia del 1 de julio
El tribunal integrado por José María Chemez; María Carolina Castagno y Alejandro Cánepa deberá, el próximo 1 de julio, refrendar o rechazar ese acuerdo que alcanzaron Leopoldo Lambruschini en representación de Allende; la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche; el fiscal de género Leandro Dato; y los fiscales Laura Cattáneo y Piérola.
No hay prácticamente antecedentes en la jurisdicción de que un Tribunal rechace lo acordado por las partes. Sucede que en este caso, Velázquez y Carboni se manifestaron en desacuerdo y poco o nada pueden hacer, ya que no se habían presentado como querellantes. ¿Qué sucedió? Cuando los hechos se hicieron públicos, el Ministerio Público Fiscal abrió investigaciones de oficio y así se avanzó.
Con la negativa de la víctima, en este caso Velázquez, Dato puede levantar el pedido de abreviado en lo que incumbe al delito de género. De no hacerlo, la última palabra la tendrá el tribunal.
