“Severa quita de derechos”
La organización sindical, según el comunicado remitido a El Entre Ríos, observa “cuatro ejes cruciales y regresivos que pueden resultar más perjudiciales de lo que parecen a simple vista”, que serán el eje de la exposición de sus equipos técnicos durante la reunión en la Cámara de Senadores de la Provincia.Bajo la conducción de su Secretaria General, Bibiana Starck, la organización gremial advierte que “el proyecto encubre una severa quita de derechos y un perjuicio estructural para los futuros jubilados entrerrianos”.
“La legitimidad de los trabajadores se defiende con argumentos y de cara a las instituciones. Vamos al Senado a demostrar que esta reforma destruye conquistas históricas bajo una promesa de ordenamiento”, anticiparon.
Cuatro ejes cruciales y regresivos
Los que pueden resultar más perjudiciales de lo que parecen a simple vista, y que serán el eje de la exposición, son los siguientes:1. Duplicación de la base de cálculo (De 10 a 20 años): El proyecto (Art. 30) pretende calcular el haber inicial promediando las últimas 240 remuneraciones mensuales brutas (20 años de aportes), en lugar de los 120 meses (10 años) vigentes. Esta medida diluye el salario base al incorporar las etapas de menores ingresos en la vida laboral de los agentes, lo que viola directamente el principio constitucional de sustituibilidad y el derecho al 82% móvil. Extender la base de cálculo a 20 años transforma al sistema entrerriano en el más regresivo de toda la República Argentina, ya que ni ANSES ni ninguna otra provincia aplican un plazo tan perjudicial.
2. La "trampa" de la actualización por índices históricos: El articulado del proyecto reemplaza el criterio actual —que toma como referencia el valor del cargo vigente al momento del cese— por un sistema de "promedio actualizado" mediante coeficientes que serán delegados discrecionalmente en el Presidente de la Caja de Jubilaciones. Este mecanismo de índices históricos es el mismo que utiliza ANSES, el cual mantiene colapsados los tribunales federales con juicios de reajuste de haberes que el Estado pierde sistemáticamente. Su aplicación real reduciría el haber previsional inicial a un porcentaje de entre el 55% y el 65% del sueldo en actividad, sepultando de hecho el 82% móvil y abriendo la puerta a una litigiosidad masiva en la provincia.
3. Desacople y congelamiento de la Movilidad: El texto modifica el artículo 71 de la Ley 8.732, estableciendo que las jubilaciones se moverán exclusivamente bajo las paritarias del Escalafón General de la Administración Pública, rompiendo el vínculo directo con el escalafón en el que el trabajador se desempeñó en actividad. Esta medida perjudica gravemente a judiciales, municipales, trabajadores de Vialidad, Tribunal de Cuentas, IAPSER, jubilados bancarios y de la ex EPEER, entre otros. A esto se suma un diferimiento de 60 días hábiles administrativos para percibir los aumentos tras el ingreso de los aportes a la Caja, lo que licuará los haberes previsionales en contextos inflacionarios.
4. Eliminación de la compensación de edad por aportes (Derogación del 3 por 1): La quita de este beneficio eleva de forma encubierta la edad jubilatoria real, forzando a quienes iniciaron su vida laboral a los 18 años de edad a permanecer prestando servicios hasta los 65 años de edad para totalizar casi medio siglo de aportes laborales efectivos antes de acceder al retiro.
“La defensa de la Caja de Jubilaciones no puede hacerse a costa del estándar de vida de quienes sostuvieron el Estado entrerriano durante toda su vida activa”, advirtieron y cerraron el comunicado diciendo que “la UEJN Entre Ríos convoca a mantener la unidad del arco trabajador y ratifica su compromiso irrestricto en la defensa del sistema previsional público y móvil de la provincia”.
