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Entre las campañas 2018/19 y 2024/25, es decir en los últimos siete años, la provincia de Entre Ríos “transfirió al Estado Nacional un promedio de 93 millones de dólares por año en concepto de Derechos de Exportación (DEX) sobre los principales cultivos: soja, maíz, trigo y sorgo”.
Trabajo conjunto de 3 instituciones
La suma entonces ronda los 650 millones de dólares de exacción a los sectores productivos entrerrianos. Lo estimó un trabajo conjunto realizado entre la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, el Consejo Empresario de Entre Ríos, y las Facultades de Ciencias Económicas y Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Obviamente la situación ha ido cambiando año a año ya que cambiaron no solo los volúmenes cosechados en la provincia, sino también los precios de los granos y la alícuota aplicada de retenciones.

“Los resultados muestran que el máximo de aportes se registró durante la campaña 2021/22, con un ingreso fiscal cercano a 143 millones de dólares, impulsado por precios internacionales en alza y elevados volúmenes exportados”, indicó el trabajo.

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En contraste, la sequía de 2022/23 y la baja de precios internacionales redujeron en aquel momento la producción y las exportaciones, provocando una caída en los ingresos fiscales.
“Transferencia significativa”
La reciente campaña 2024/25 muestra una recuperación interanual, impulsada por la cosecha récord de soja y una baja temporal en las alícuotas, que en el caso de la soja han bajado actualmente al 26%.

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Según esta estimación, las retenciones sobre los cultivos entrerrianos representan “una transferencia significativa de recursos desde el sector agrícola provincial hacia el Estado Nacional”.
Sugieren mecanismos de “segmentación”
Un modo de entenderlo es que, en la última campaña, ese monto equivalió al valor productivo de 209.240 hectáreas de soja, es decir, el 16% del área total sembrada en Entre Ríos, o bien 532.086 toneladas de maíz al precio pizarra del día 4 de septiembre, lo que representa, el 27% de la producción de la última campaña.

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El informe concluye que, si bien los derechos de exportación cumplen ciertos objetivos fiscales, su impacto sobre la rentabilidad y las decisiones de inversión del sector agropecuario requiere un análisis más profundo, especialmente en provincias con menor competitividad relativa.

Además, plantea la necesidad de considerar mecanismos de “segmentación” que contemplen la situación de los pequeños y medianos productores, los más afectados por este tipo de políticas.

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Fuente: EER - Bolsa de Cereales de Entre Ríos.

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