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“No tengo armas para defender a mi representado contra una prueba que no sé si es válida”. Así arrancó su alegato de clausura el doctor Enrique Oscar Bacigaluppe, defensor del empresario Ramón Segovia, el constructor que llevó adelante parcialmente las obras cuestionadas en Los Charrúas.

A Bacigaluppe le tocó hablar en tercer lugar. Primero lo hizo el Fiscal José Arias, que pidió 6 años de prisión efectiva para el imputado Julio Larrocca, 5 para el empresario Ramón Segovia y un año condicional para Alexandre Doubña. El defensor del constructor consideró que las principales pruebas utilizadas en su contra no están formalmente “incorporadas a la causa”, porque el tribunal recién se expedirá sobre su validez cuando dicte sentencia. “Me disconformo. Adelanto que pediré la nulidad de la sentencia si declaran válida esa prueba y se basan en ella para condenar a mi defendido”, dijo.

“No estoy en condiciones de hacer la defensa. ¿Qué contesto? ¿Digo que los chats de Facebook utilizados como prueba son ciertos si no hubo pericia que lo corroborara?”, insistió. Según Bacigaluppe, dichos chats entre Alexandre Doubña y Rubén Chaparro, lo mismo que las escuchas telefónicas posteriores, no pueden ser admitidas como pruebas.

Más adelante, sacó a relucir un planteo original. Dijo que los certificados de avance de obras no fueron falsos sino nulos, porque -según dijo- los firmó Alexandre Doubña sin previamente haber sido formalmente nombrado como inspector de las obras.

También planteó que faltó una adecuada pericia contable para determinar cuánto dinero había sido invertido en los trabajos ejecutados, porque, dijo, tal vez el empresario Ramón Segovia gastó más de lo que recibió. “¿Cómo podemos hablar de que Segovia se enriqueció en 800 mil pesos sin una pericia? No se tomaron el trabajo de periciar. Mejor les resultó tomar al pie de la letra el contrato de ajuste alzado, una trampa del Estado”, le reprochó al Ministerio Público Fiscal.

En el último tramo de su exposición, Bacigaluppe puso énfasis en que lo sucedido con las obras de Los Charrúas, y, en especial, la situación de su defendido, nunca debieron llegar a constituir una causa penal, por aplicación del “principio de la mínima intervención”.

Recalcó que a su entender no hubo falsificación de documentos, ni física ni ideológica, y que tampoco quedó demostrado el peculado. “No hubo entrega de dinero a Segovia salvo por los trabajos realizados”, dijo.

Concluyó reclamando la absolución de su defendido y haciendo reserva del pedido de nulidad para el caso de que el tribunal considere válidas las pruebas cuestionadas.
Fuente: El Entre Ríos

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