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La titular del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y directora del programa, Susana Medina, recibió a referentes jurisdiccionales y coordinadores de “La Justicia va a los barrios” para evaluar la tarea realizada durante el año y diseñar un plan de trabajo para 2023. En el encuentro, realizado en el salón de actos de tribunales, la jueza ponderó la labor desarrollada durante 2022: el programa se ejecutó en 68 localidades, atendió a 1.520 personas en 250 horas de trabajo y realizó dos jornadas de atención simultáneas en diferentes puntos de la provincia, en las que participaron 25 y 29 jurisdicciones, respectivamente.

Al hacer uso de la palabra, la doctora Medina destacó que “esta generación es la que está logrando el acceso a la Justicia de verdad y tiene la enorme responsabilidad de generar ese cambio”.

Por otra parte, aseguró que la Justicia “tiene conciencia funcional”: “El poder es efímero y quien lo tiene debe aplicarlo en hacer cosas para la gente“. Asimismo, resaltó que “pedir y dar Justicia es una labor íntima” y que “hacerla en un ambiente de camaradería fortalece los vínculos y así, fortalecemos las instituciones”.

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Entre Ríos “ha sido pionera y nuestro programa que se ha sostenido desde 2004, profundizado un modelo a exportar, y es por eso que Paraguay está haciendo su experiencia tomando nuestro modelo”, según la presidenta del Superior Tribunal.

Además, llamó a “pensar un Poder Judicial a 100 años y comenzar un camino para seguir creciendo y lograr el acceso a la Justicia de verdad”.

En otro orden, la magistrada propuso trabajar en la figura de “facilitadores judiciales” en los barrios, como continuidad de trabajo de acceso a la Justicia para sectores vulnerados.
Sobre el programa
“La Justicia va a los barrios” se implementó en el año 2004 por iniciativa de la hoy presidenta del Superior Tribunal de Justicia y directora académica del Instituto de Capacitación y Formación “Dr. Juan Bautista Alberdi”, Susana Medina.

A partir de 2018, y a instancias de la magistrada, el programa se aplica como política permanente del Poder Judicial de Entre Ríos, lo cual le valió un reconocimiento de parte del papa Francisco, el 13 de mayo pasado. En la propuesta participan funcionarios/as judiciales, profesionales de equipos interdisciplinarios y cuenta también con la colaboración de organismos como el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas; la Administración Nacional de la Seguridad Social (AnSes); el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y el Instituto Provincial de Discapacidad (IproDi), según sea la modalidad de la jornada en cada jurisdicción.

A las jornadas se suma también el Tribunal Electoral de la provincia, con el fin de permitir a la ciudadanía acceder al Registro Electoral y facilitar su depuración, ya sea por errores u omisiones que pudieran ocurrir.
Fuente: El Entre Ríos / SIC STJER

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