No sólo porque la bancada oficialista preparó un pedido de informes que procura examinar cómo fue que la gestión anterior escrituró el lugar a nombre de la municipalidad, además de pretender identificar a quienes habrían filtrado información del caso a la prensa, facilitando que se ventilaran datos privados. También la familia que dice ser propietaria del lugar -aunque en dos causas judiciales no pudo probarlo-, hizo llegar una carta al Concejo Deliberante, en el que expresa su versión de los hechos. La nota, firmada por Rita Ledesma Merro, valora que los concejales se estén ocupando del tema y reitera que, a su entender, la escritura que en julio de 2023 la municipalidad llevó delante del terreno se basó en planos falsos. “Adjunto acompaño 14 copias de un plano de mensura que realizó el Agrimensor Benítez que es la base de la operación fraudulenta o, errónea mejor, pues quiero seguir pensando bien y entendiendo que estoy en un estado de derecho”, dice la mujer. A renglón seguido, reprocha que esos planos omiten toda referencia a 6 construcciones existentes, la más vieja registrada en la municipalidad en 1970. Reafirma que el plano en cuestión es “ilegal”.
Luego, Ledesma Merro denuncia que en la escritura municipal dice textualmente “un inmueble consistente en un terreno baldío”, cuando está sobradamente probado que no lo es. También el documento señala “propietario no se conoce”, siendo que la municipalidad y la provincia cobran le han estado cobrando los impuestos a los Merro desde hace más de 30 años. Y por último, refiere a documentación, reporte y plano autorizado en el Departamento de Obras Privadas donde se lee que la familia “se encuentra en posesión material, real y pacífica del inmueble descripto”.
El excandidato a intendente por La Libertad Avanza, Eduardo Beswick, en comunicación con El Entre Ríos, expresó un abierto respaldo a la posición de la familia Merro. En tal sentido, sostuvo: “Nos interesa a nosotros, LLA, como opositores al gobierno actual, que se preserve y respete la propiedad privada y se investiguen los hechos presuntamente ilícitos de las gestiones anteriores”.
Muy distinta es la mirada de Jorge Mendieta, expresidente del INVyTAM durante la gestión de Enrique Cresto, quien aseguró de manera tajante que la escrituración efectuada en 2023 cumplió con todos los recaudos legales necesarios, por lo que no es irregular.
