-Fue una sorpresa, que trajo aparejada una necesidad de tomar decisiones urgentes, pero por un camino diferente a los decretos y amparos a los que estamos acostumbrados, yendo hacia una nueva ley que surja de un amplio consenso entre los diferentes sectores involucrados.
De la forma en que están transcurriendo las cosas, no se avizora una pronta solución. Y la falta de una solución concreta representa para nosotros una falta de certezas a la hora de empezar a producir.
-¿Cómo podría impactar, a su modo de ver, esta medida en la región?
-Teniendo en cuenta la legislación vigente, por la cual se debe tomar una distancia de mil metros para pulverizaciones terrestres con fitosanitarios y de 3 mil metros para las aéreas, significa que por cada una de las 1095 escuelas hay 350 hectáreas que se vuelven improductivas si se necesita pulverizar en forma terrestre y 2800 en forma aérea.
Respecto a la parte terrestre, en la provincia habría un total de 350 mil hectáreas afectadas, con un perjuicio económico y social importante, porque valoramos tanto la producción como la vida. Por eso, cuando se habla de prohibir las pulverizaciones hay que tener en cuenta que abarca a cualquier producción que esté a mil metros de una escuela, que afecta tanto a algunos sectores de siembra tradicional como de economías regionales, como puede ser la arrocera, la citrícola o la del arándano. También al sector tambero, que tampoco podría hacer una pastura, por ejemplo. O sea que no solo es la siembra de soja lo que nos preocupa.
De nuestra parte, como Sociedad Rural Colón, no hay un enfrentamiento con quienes puedan pensar diferente, porque nosotros también queremos cuidar el suelo y nuestras familias que viven en el campo, por eso debemos trabajar por un amplio consenso con la intervención de entidades científicas y buenas prácticas agrícolas, que desde el Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) se han dado varias.
-¿Cree que ese acuerdo se podría dar en un año electoral como este, con una temática que muchas veces despierta polémicas que el sector político prefiere evitar?
-En realidad, ese espacio ya se dio en 2016 y se repitió en 2017, cuando todos esperábamos que esta ley saliera. No se trata de política ni de cuál sector pueda llegar a tener más o menos razón, porque todos estamos involucrados en el desarrollo territorial y el cuidado de la salud y el medio ambiente.
-¿Desde el sector agropecuario hacen un mea culpa respecto a algunos productores que puedan no hacer las cosas del todo bien?
-No somos ingenuos y sabemos que puede haber gente que no haga las cosas bien, pero a través del poder de policía que tiene el Estado provincial esa gente debe ser sancionada, tal cual dice la ley.
Hoy por hoy, para realizar una pulverización, se necesita la receta agronómica de un ingeniero y hay otros actores involucrados también: el aplicador, el contratista que está trabajando la tierra y el dueño del lote.
-¿Con qué perspectivas se encontró en la movilización de productores convocada frente a los tribunales de Paraná?
-Me encontré con productores muy enojados y otros que razonan un poco más la situación, pero sobre todo con muchos totalmente desesperados por su economía, la imposibilidad de cumplir con contratos y mantener sus empresas familiares, aún llevando a cabo las buenas prácticas agrícolas y alineados al cuidado del ambiente, en cumplimiento de las normas.
