Atención

Esta imágen puede herir
su sensibilidad

Ver foto

Compartir imagen

Agrandar imagen
En una nota firmada por el abogado Rubén Pagliotto, denunciante en causas de corrupción y defensor del intendente de Paraná Sergio Fausto Varisco, refiere a la causas de los contratos en la legislatura provincial. Aquí la nota de opinión completa de Rubén Pagliotto

Cuando en la Facultad de Derecho se enseña el significado que tiene la llamada Posición de Garante (omisión impropia), se les dice a los alumnos, siguiendo al catalogo represivo alemán que “no impedir un resultado que se tiene la obligación de evitar, equivale a producirlo”. En este caso, (artículo 13 del Código Penal Alemán), se podría castigar entonces al sujeto que tenga el deber de responder jurídicamente de que el resultado no acontezca. Así las cosas, en la causa en la que se investigan las irregularidades en contratos en ambas cámaras legislativas en la última década, el actual vicegobernador, presidente natural del Senado, Adán Bahl, como quienes lo precedieron en ese lugar (Pedro Guastavino, José Lauritto, José Cáceres), deben responder -inexcusablemente- ante los gravísimos hechos de corrupción que se están investigando.

Todos ellos y cada uno a su turno, debieron evitar que tales hechos sucedieran. No podían desconocerlos, menos aún cuando todos ellos, invariablemente, recibían parte de esos dineros públicos obtenidos ilegal e ilegítimamente de la Legislatura, como comentan con cada vez menos temor la mayoría de los imputados en la causa de los “contratos truchos”.

Si los fiscales causídicos no los convocan en calidad de imputados a que den las explicaciones del caso, entonces habrán cometido una omisión ellos también y habrán sumado un motivo más para que el ciudadano de a pie siga descreyendo del servicio de justicia, alimentando las sospechas de que el Poder Judicial está subordinado al gobierno de turno.

De igual manera deberían ser convocados quienes fungieron de presidente de la Cámara de Diputados desde 2007 hasta el presente, sin excepción y por más que no existan antecedentes documentales en la cámara baja que respalden los posibles manejos fraudulentos en el período 2007 – 2011.

Si esa documentación falta, como algunos aseguran, debería ser materia de investigación también. No puede desaparecer graciosamente tanta documentación de un período de cuatro años y los fiscales darlo por hecho y naturalizarlo como si se tratara de una cuestión menor. Todos quienes tienen responsabilidades directas e indirectas en este y otros asuntos, deben ser alcanzados por la acción de la justicia. Y cuando digo todos, estoy diciendo eso mismo, sin distinción de cargos, partidos o jerarquías. Otra vez y mal que a algunos les pese, “ley pareja, no es rigurosa”.

No están todos quienes deberían estar. No está el presidente del Instituto del Seguro, Juan Domingo Orabona, ex director Administrativo Contable del Senado. No están los ex gobernadores Jorge Busti y Sergio Urribarri ni el diputado provincial José Allende, todos presidentes de la Cámara de Diputados. No están los contadores del estudio al que perteneció Sebastián Orlando, esposo de la fiscal Anticorrucpión, Cecilia Goyeneche, que lleva adelante la investigación.

Que rindan cuentas todos. El diputado provincial Ricardo Troncoso no es el único de Cambiemos que supuestamente cometió irregularidades. Si esta historia muere en los imputados Juan Pablo Aguilera, Gustavo Pérez, Alfredo Bilbao y Ariel Faure, habrá sido una estafa judicial tan impúdica y nauseabunda como la de la Legislatura.

No pueden ser esas personas los máximos responsables. Porque si así fue, entonces: ¿cuánto habrán robado los otros? O estuvimos engañados y los hombres con más poder nunca fueron los que la gente votó para gobernador, vice, diputados y senadores ni los que ocuparon cargos tan relevantes como el de ministro.

Si así concluyera esta saga, no solamente se estaría cometiendo una palmaria y desopilante injusticia sino que, además, se estaría desenterrando de las páginas de la historia aquella maravillosa frase del Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria: “Los dolores que nos quedan, son las libertades que nos faltan”, expresión que debería lucir como epitafio de ese expediente convertido en monumento a la mentira y parodia de justicia.
Fuente: Análisis Digital

Enviá tu comentario