En un fallo dictado por el juez de feria Alejandro Joel Cánepa, se dispone que ese costo debe ser asumido, en un 80%, con recursos del Gobierno de Entre Ríos y en un 20% con fondos del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). En su sentencia, Cánepa dice que “en el caso, y de acuerdo a la historia clínica y diagnóstico del paciente Enzo, la medicación prescripta tiene el objetivo de prevenir la reaparición del tumor que le fuera reducido y extraído a partir de la cirugía, transplante y demás tratamientos brindados a aquel, y ha sido indicado como el único posible atento al precario estado de salud del menor”. Y agrega: “Si bien no ha sido discutido que se trata de una droga aún en proceso de investigación, ello no implica, per se, que las autoridades públicas no se encuentren –en el caso– en la obligación de brindarla”.
“Entonces -concluye-, parecería que, en aplicación de aquella regla, cuando la alternativa de no hacer el ensayo es la muerte próxima del enfermo, porque no se conoce ningún medio terapéutico cierto o alternativo -como refirió en autos el médico forense-, el experimento es lícito si se vislumbra alguna razonable probabilidad de éxito, aunque sea escasa; en cambio, un riesgo semejante no puede justificarse con el fin de comprobar sobre una persona que no se encuentra en ese grave estado un fármaco algo más eficaz que el medicamento adecuado del cual se dispone para la enfermedad de la persona y que no tiene sobre ella efectos nocivos importantes.
En el caso, el único tratamiento posible -según la especialista tratante- para evitar la reaparición del cáncer en aquel menor de 3 años, es el medicamento prescripto”.
Conocida la sentencia de primera instancia dictada por el juez Cánepa, tanto la Fiscalía de Estado como el Iosper fueron en apelación ante la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que todavía no se ha expedido al respecto.
