Confirmó que enviarán una nota a la diputada María Emma Bargagna (FAP/Gen-Paraná) para que por intermedio de ella puedan contactarse con los responsables de poner en operatividad el texto.
Vamos a presentar una nota a la diputada Barbagna para pedirle una reunión. Queremos ver si por intermedio de ella podemos acercarnos a alguien de la Cámara y autoridades para hablar sobre la reglamentación de la ley, explicó la representante de ALCO y recordó a Recintonet que el año pasado sólo hubo una presentación desde el Senado reclamando que se avance en volver operativa la norma, pero no hubo avances.
Hoy mucha gente utiliza la ley nacional de obesidad para hacer los tratamientos, y les cubre un 70 por ciento. Esa ley está reglamentada y las obras sociales la están haciendo valer, diferenció con el texto nacional. Y apuntó: Si la provincial estaría operativa, los tratamientos deberían ser gratuitos. No obstante, advirtió: La obesidad es una enfermedad crónica, y el by pass no te prepara para la vida después, uno debe prepararse psicológicamente y eso lo hace un tratamiento psicológico o ALCO.
Cabe destacar que el año pasado los diputados del FAP-Gen, Enrique Fontanetto y María Emma Barbagna, requirieron al Ejecutivo provincial con un proyecto de resolución que convoque al Ministerio de Salud, al Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y a la Asociación de Lucha contra la Obesidad (ALCO) sede Entre Ríos para que, a través de los asesores que éstos designen, en forma conjunta y consensuada redacten las normas reglamentarias de la Ley nº 9825 sobre prevención, control y tratamiento de la Obesidad. Tras ello, pidieron que en el plazo dispuesto, el gobernador dicte el correspondiente decreto para poner en vigencia la norma.
Previamente, con un proyecto de comunicación el jefe del megabloque, Enrique Cresto, pidió que se haga operativa la iniciativa que impulsó en 2005 y se convirtió en ley tres años después pero que hasta ahora no puede aplicarse. Por su letra se declara de interés provincial la lucha contra la obesidad, enfermedad declarada epidemia por la Organización Mundial de la Salud. El texto, que fue impulsado por Cresto en su gestión como diputado asigna carácter de política pública a la prevención y tratamiento de esta patología, con un criterio médico de preservación de la salud y de contención del gasto público que ocasiona el tratamiento en sus complicaciones y derivaciones.
