“Es lo que corresponde”
Lo denunció su hermana, Dolores Etchevehere, en 2011, y en la causa también están involucrados sus hermanos Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, citados ambos para el 24, también a las 13, y la madre de los cuatro, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, que de momento no será indagada.El abogado del exministro Etchevehere, Rubén Pagliotto, señaló a su vez que todos los integrantes de la familia prestarán declaración indagatoria. “Es lo que corresponde”, aseveró y agregó: “Ellos quisieron hacerlo y yo comparto plenamente que así sea”.
La acusación de Dolores Etchevehere
La indagatoria de los Etchevehere en la causa por estafa (dos créditos solicitado por empresas familiares a los bancos Itaú y Nación a tasa preferencial, dizque para fines productivos aunque habrían ido parar a manos de los propios socios, integrantes de la familia) más el proceso de vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario, había sido solicitada en 2017 y en 2018 por el Ministerio Público Fiscal, pero la anterior jueza que tramitó la causa, Susana María Paola Firpo, había rechazado la petición. Ahora, Carlos Ríos, que fue su secretario y fue nombrado juez de forma interina, decidió cumplir con ese trámite. La indagatoria será presencial, y según dijo el exministro Etchevehere, se hará presente ante el magistrado para cumplir con el trámite.
El caso de estafa denunciado por Dolores Etchevehere en la Justicia provincial también llegó a los tribunales Federales, a partir de un informe que produjo, en 2015, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Su entonces titular, Carlos Gonella, denunció penalmente a integrantes del Grupo Etchevehere por evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias en el marco préstamos por alrededor de $4,5 millones contraídos en 2012 por la empresa Construcciones del Paraná S.A. y otorgados por la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS), entidad también denunciada por la maniobra.
Los préstamos, según la denuncia, habrían sido utilizados para la concreción de operaciones inmobiliarias que tuvieron como su objeto el vaciamiento de otras firmas del grupo. “Importa examinar si las mencionadas simulaciones podrían haber generado en cabeza de los integrantes del Grupo Etchevehere (…) obligaciones tributarias que no habrían sido ingresadas debidamente al organismo fiscal nacional”, indica la denuncia.
El aporte de la Procelac
Al evaluar los primeros elementos recabados en la investigación, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) del Ministerio Público Fiscal concluyó que las pruebas “sugieren” que “dichos préstamos fueron parte de una gran simulación destinada a ocultar la falta de capacidad económica de la firma Construcciones del Paraná S.A. para adquirir los inmuebles investigados” y que “en el marco de esa simulación, se habría contado con la participación de quienes ostentaron la dirección de la mutual bajo investigación para aparentar que fondos que en verdad ya pertenecían al propio patrimonio de la empresa Sociedad Anónima Entre Ríos, habrían sido originados por la actividad de un tercero”, en este caso, la propia mutual.La presentación de la Procelac había sido consecuencia de una investigación preliminar iniciada a raíz de la denuncia formulada ante esa Procuraduría por Dolores Carmen Etchevehere, quien denunció maniobras de restantes miembros del grupo económico tendientes a vaciar empresas que ella integraba en carácter minoritario, con el objetivo de perjudicarla.
En su presentación, la denunciante también refirió la obtención de préstamos en dólares por parte de otra firma del grupo que fueron desviados de su finalidad declarada y la existencia de cuentas bancarias radicadas en el exterior con dinero que no fue declarado ante las autoridades argentinas.
El resultado de la investigación preliminar de la Procelac fue remitida al fiscal general de Paraná, Ricardo Álvarez, quien es coordinador del distrito. Álvarez derivó la denuncia al fiscal federal de primera instancia, Mario Silva, quien impulsó la acción penal para que se investigue al grupo económico.
Los denunciados son Leonor María Barbero Marcial y Luis Miguel, Arturo, Sebastián y Juan Diego Etchevehere, como miembros de la sociedad Construcciones del Paraná, y Walter Roberto Grenón, como representante de la mutual involucrada.
En la indagatoria del juez Ríos Grenón, que tuvo en sus manos la mayoría accionaria de El Diario entre 2010 y 2012, está citado a los tribunales paranaenses para el próximo 2 de diciembre.
Sin capacidad económica ni garantías
De acuerdo con la investigación de la Procelac, el grupo económico “habría simulado la suscripción de siete contratos de mutuo” (sobre los que no se encuentra acreditada su existencia) con la mutual AMUS con el objetivo de “posibilitar el hecho de que la empresa Construcciones del Paraná S.A. pueda alegar una disposición y tenencia de fondos [de los]que en realidad carecería” y, así, lograr la adquisición de siete inmuebles ubicados en Paraná. Esos siete inmuebles eran propiedad de otra firma del grupo, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), en la que tenía participación minoritaria la denunciante (Dolores Etchevehere). Por esos préstamos, la AMUS habría percibido intereses por casi $3,3 millones.La Procelac indicó en su presentación que un dato sugestivo que “conduce a poner en tela de juicio la veracidad de dichos préstamos” es el hecho de que al momento de las operaciones la sociedad (Construcciones del Paraná) “era una compañía recientemente constituida, que no había desarrollado actividad comercial alguna, y carecía de cualquier tipo de capacidad económica y/o financiera para concretar la devolución de dichas sumas de dinero”.
En efecto, al año 2012, cuando supuestamente se produjeron los préstamos, Construcciones del Paraná se exhibía como una empresa con un capital social de $100 mil, sin bienes muebles ni inmuebles que le permitieran llevar a cabo la prestación de su declarada actividad de servicios inmobiliarios, o que le facilitaren constituir garantías de pago.
“Es preciso subrayar que resulta sugestivo y poco creíble que en los contratos de mutuo presuntamente instrumentados entre la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS) y Construcciones del Paraná S.A. se haya omitido establecer avales o garantías genuinas a favor de la mencionada mutual, máxime si se tiene en cuenta la importancia de la suma de dinero implicada”, indicó la Procelac en la denuncia.
También puso de relieve que «de la prueba disponible no surgen datos concretos que permitan ratificar que aquella sociedad haya operado realmente en el mercado inmobiliario ni que haya desarrollado actividad económica alguna, ni antes ni después de las operaciones investigadas». La Procuraduría a cargo del fiscal Gonella también ponderó la «evidente vinculación entre los integrantes que conforman la mutual y el Grupo Etchevehere».
Precisó al respecto que Walter Roberto Grenón es quien administra y dirige la mutual por intermedio de Viviana Graciela Grenón, presidenta de la asociación. Walter Grenón, indica la denuncia, está vinculado con las firmas Nexfin S.A. y Arroyo Ubajay S.A. que a su vez adquirieron por unos $10,8 millones otros siete inmuebles de Sociedad Anónima Entre Ríos, la firma en la que tenía participación la denunciante Dolores Etchevehere.
La Procelac refirió que «sin perjuicio de señalar que el vaciamiento económico y patrimonial de la empresa Sociedad Anónima Entre Ríos es una conducta que ameritaría ser calificada de administración fraudulenta, a raíz del evidente perjuicio económico que las operaciones investigadas significaron para la denunciante, lo que aquí interesa indagar es acerca de las posibles consecuencias tributarias que emergen lógicamente de la simulación de los contratos de mutuo investigados».
En este contexto, la asociación mutual involucrada «no habría cumplido con las condiciones necesarias para gozar de las respectivas exenciones en el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto al Valor Agregado» con las que la ley beneficia a ese tipo de organizaciones, indicó la Procelac. Ello ocurre, explicó en la denuncia, porque «las operaciones bajo análisis no sólo no se relacionan con los fines específicos de este tipo de entes, sino que además su ejecución por parte de la AMUS habría tenido lugar en el marco de su actuación como partícipe en la maniobra sindicada que derivó en el vaciamiento económico y patrimonial de la firma Sociedad Anónima Entre Ríos».
Desvío de préstamos en dólares
La denunciante Dolores Etchevehere también indicó que los integrantes del grupo económico «habrían desviado y utilizado para su uso personal una serie de préstamos financieros otorgados por el Banco Itaú (en dólares estadounidenses) que fueron concedidos bajo la condición de que el dinero sea utilizado para el financiamiento de la producción de bienes agropecuarios con destino a la exportación”. Esos préstamos se habrían solicitado a través de la firma Las Margaritas S.A., de la que también era accionista minoritaria la denunciante.La Procelac, que en su presentación sugiere la realización de numerosas medidas de prueba para verificar la concreción de estas maniobras, indicó que, de comprobarse, la “conducta podría suponer un comportamiento prohibido por alguna de las disposiciones contenidas en el Régimen Penal Cambiario”.
Dinero sin declarar, en el extranjero
La denuncia de Dolores Etchevehere que dio origen a la investigación preliminar de la Procelac también consigna que los miembros del grupo económico “registran operaciones financieras y/o cuentas bancarias foráneas, cuyos fondos no habrían sido declarados en su totalidad por ninguno de sus titulares”. La Procelac puso de relieve que “los importes registrados en aquellas cuentas bancarias radicadas en el exterior atribuibles a los sujetos denunciados, provendrían de ganancias devengadas en el país cuya debida exteriorización [es decir, declaración]ante el organismo fiscal [la AFIP]habría sido omitida por quienes conforman al grupo investigado”.
El dinero habría sido depositado en al menos tres cuentas de sucursales uruguayas de bancos internacionales y en una cuenta de la sucursal norteamericana de otro banco internacional, cuyo detalle aparece en la denuncia de la Procelac. “Lo cierto es que la falta de relación entre el capital declarado en el país y los saldos existentes en cuentas foráneas podría ser indicadora de la existencia de un incremento patrimonial no justificado y valorada como un indicio de la existencia de una renta y/o de operaciones comerciales no declaradas y gravadas en los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado, y cuya constatación también podría tener incidencia en otros impuestos nacionales”, indicó la Procuraduría.
