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El abogado Carlos Guillermo Reggiardo, defensor del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y de su esposa, la actual concejal Patricia Díaz, divulgó este jueves un documento proveniente del banco Scotiabank, de la República Oriental del Uruguay, que, según afirmó, probaría su tesis defensiva: que las cuentas a nombre de Díaz existen desde antes de convertirse en diputada provincial, cargo que ejerció entre 2007 y 2011.

Busca refutar la postura del fiscal Álvaro Piérola, que los tiene bajo investigación a Rossi y a Díaz bajo la figura de enriquecimiento ilícito. “Primero Rossi dijo que no tenía cuentas. Después, se discutió sobre la fecha de la apertura de esas cuentas. La evidencia que se pudo recoger hoy, nos da la razón e indica que lo que se afirmó no era cierto".

"Hicimos lo que teníamos que hacer: por vía diplomática se pidió la información y esa información, aunque tardó, finalmente llegó. Pedimos vía Afip y vía Cancillería. Llegó vía Cancillería. El informe lo hizo el Banco Central del Uruguay. De muchas entidades hay informes negativos, pero también hay informes positivos. Hubo que ir a la Justicia del Uruguay para exigir que el Scotiabank nos diera información, porque el banco protegía a su cliente. Por eso el mote que tiene Uruguay de paraíso fiscal”, ha dicho Piérola.

El documento bancario proveniente de Montevideo, fechado el 16 de octubre de 2019, llegó al país vía exhorto judicial internacional el viernes 21 de febrero, según dijo el defensor. En el mismo se informa a la Justicia entrerriana que la exdiputada y actual concejal Díaz, esposa de Rossi, tenía cuenta en el banco desde 2002, por un importe de 300 mil dólares.

“Lo que hoy el banco está diciendo es una cuestión decisiva. El banco está yendo por encima de los 10 años que tiene obligación de informar, porque nosotros fuimos los que solicitamos que se revele esa información, porque la política sobre los clientes del banco y las cuentas no la hacen con Rossi, que es un cliente menor, sino con otro tipo de clientes. Nosotros insistimos hasta que se reveló la información, que es clara, que no hubo enriquecimiento de Patricia Díaz cuando fue diputada, ni tampoco hay cuentas que puedan ameritar la apertura de una causa. Nosotros creemos que el camino ahora es el sobreseimiento”, declaró el abogado Reggiardo. En el documento bancario que Reggiardo aporta se lee: “En relación al oficio Ext-0563-000003/2019, llibrado por el juzgado el 28 de mayo de 2019, en autos caratulados: Exhorto internacional-Juzgado de Garantía N°2 de Paraná, Argentina” IUE 563-14/2019 cumpliendo expreso el pedido de nuestra cliente Sra. Patricia Teresa Díaz, complementamos la información oportunamente enviada por Scotianbank Uruguay SA, de acuerdo a lo que a continuación se expresa”.

Y agrega: “Hacemos constar que Díaz, Patricia Teresa –DNI 23.632.469 está vinculada a nuestro Banco desde el año 2002. Esta constancia se realiza por Scotiabank Uruguay SA. en virtud de que con fecha 1° de noviembre de 2015 se efectivizó la transferencia universal de los activos y pasivos de Discount Bank (Latin America) SA a favor de Scotiabank Uruguay SA (Ley 14.057)”.

“Adicionalmente, y con relación a los estados de cuenta proporcionados por el Banco, informamos que todas las operaciones documentadas en los mismos refieren a títulos. Antes de febrero de 2008 los valores eran los números de referenica 94583/0 y 95025/0, los cuales estaban en custodia del Banco desde el 27 de setiembre de 2007 y 05 de octubre de 2007 respectivsamente”, agrega el documento firmado por los apoderados Elvira Castro Magariños y Pablo Fernández Lexague.

“Con relación a esto, dejamos constancia expresa que en el plazo establecido entre el 1° de enero del año 2008 a la fecha de la presente, no se realizaron depósitos en efectivo en las cuentas de los títulos con los que Díaz, Patricia Teresa operaba en cuentas de las cuales dicha persona física está registrada como titular o apoderada”, dice luego el escrito.

Con relación a las operaciones anteriores, se indica que no existen porque “los plazos de conservación de la documentación de acuerdo a la reglamentación del Banco Central del Uruguay son de un plazo de hasta 10 años, por lo que no contamos con la posibilidad de reconstruir operaciones anteriores a dicho plazo”.

Ante la consulta sobre si a la luz de este escrito volverán a solicitar el sobreseimiento de los investigados, el abogado Reggiardo señaló que buscarán un acuerdo con la Fiscalía: “Vamos a tratar de consensuar con la Fiscalía. Creo que esto es lo que esperaban. Además, el banco es terminante”.

Reggiardo también fue preguntado sobre la veracidad de un documento con una estampa del banco Descount Bank que hace referencia a cuentas de Díaz, y que circuló por las redes sociales de Santa Elena. Al respecto, el letrado dijo desconocer “de dónde salió”, pero apuntó a que el mismo es apócrifo y que fue difundido por un exempleado de prensa del exintendente Silvio Moreyra, de apellido Ponce, que recientemente fue denunciado por el supuesto robo de equipos del área de comunicación municipal. “Lo que nosotros reproducimos es lo que está en el expediente”, resaltó.
La causa
La causa por supuesto enriquecimiento ilícito a Rossi y su esposa -la segunda; ya tuvo condena por una primera investigación judicial- se abrió en 2016, y a pesar de que el exvicegobernador viene batallando por conseguir su sobreseimiento, la pesquisa judicial sigue en pie. El último martes 11 de febrero, el juez de Juicio y Apelaciones, Pablo Vírgala, rechazó el pedido de sobreseimiento y también el pedido del beneficio de prescripción de la acción penal.

«La situación de los investigados es hoy un poco más comprometida», resumió Virgala al dar a conocer su resolución. «Lo único nuevo es una prueba que, lejos de favorecer la postura de los investigados, no hace sino comprometerlos», evaluó el magistrado al citar la documentación remitida, vía diplomática, por el Scotiabank de la República Oriental del Uruguay, que certificó que la esposa de Rossi tiene una cuenta de 300 mil dólares.

La resolución de Vírgala fue el sexto revés para Rossi y Díaz que hace casi 4 años buscan ser sobreseídos y que se le ponga punto final a la investigación. Anteriormente, formulaciones similares fueron rechazadas por el juez de Garantías Ruhl. Primero lo hizo el 15 de septiembre de 2017, luego el 14 de marzo de 2018 y en una tercera oportunidad el 17 de diciembre de 2018.
Fuente: Entre Ríos Ahora

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