En medio de diferentes versiones sobre la legitimidad de los hechos, buscamos la palabra del magistrado, quien recibió a El Entre Ríos en su despacho.
“Hay un primer juicio de usucapión del Sr. (Mario) Lazzaroni, iniciado en 2006, que fue rechazado en 2010 y en 2013 fue confirmado por la cámara, quedando terminado el expediente”, dijo dando inicio a un detallado relato de lo sucedido en el litigio judicial, desde entonces y hasta la fecha.
“En noviembre de 2016, los propietarios inician una acción reivindicatoria para recuperar el inmueble; no es un juicio de desalojo, sino una acción mucho más profunda en la que se revisan títulos y demás”.
“Meses después, el Sr. Lazzaroni vuelve a iniciar un juicio de usucapión, cuya sentencia –con los expedientes acumulados- salió en septiembre de 2020. La cámara lo confirma y se plantea un recurso extraordinario ante el Supremo Tribunal –que tampoco lo admite- en diciembre de 2021. Vuelve confirmada la resolución, rechazando la usucapión y haciendo lugar al recupero del inmueble por parte del propietario. Cada paso se fue notificando a las partes”. Entre los fundamentos por las cuales el pedido de usucapión no prosperó, el juez menciona “la posesión debe ser pacífica y acá hubo controversia. El inmueble nunca había sido abandonado por parte de los propietarios”.
“Con la restitución del inmueble ya resuelta, se dispone la entrega a través de un mandamiento. El primer pedido los propietarios lo hicieron en mayo de 2022, por alguna cuestión el mandamiento fue devuelto y se pidió uno nuevo en agosto de ese año. En este tipo de situaciones es habitual que se den negociaciones entre las partes, supongo que algo de eso debe haber existido”.
El 20 de abril de 2023 hubo un intento por cumplir este mandamiento, al que el Dr. Ottogalli refiere a continuación.
“Los oficiales de justicia intentan recuperar el inmueble y aparece gente que no constaba viviendo ahí, inclusive en el juicio la constatación la había hecho yo personalmente y estaba el Sr. Lazzaroni. Cuando van a hacer la diligencia aparecen las hijas y un nieto de 16 años. Ante la existencia del menor, la medida no se cumplimenta. Se hace un informe y se da intervención primero a Fiscalía, ya que el señor se había negado a cumplir una orden judicial, lo cual puede considerarse un delito; y en segundo lugar al COPNAF, que el 10 de mayo presenta un informe relatando los intentos frustrados de comunicación con la madre y después se comunican con el padre, quien manifestó que el chico tenía contención. Los organismos no se desentienden, más allá de que había reticencia por parte de la madre. Sabiendo que la contención estaba, tanto por parte de los organismos específicos como de parte de la familia, la medida se dispone nuevamente”.
Sobre lo sucedido este miércoles en la vivienda en cuestión, señala: “Si bien los oficiales de Justicia todavía no elevaron el informe, verbalmente me anunciaron que se concretó. Según nos informaron, como se negaron a cualquier tipo de colaboración, se hizo un detalle de lo que había en el inmueble y queda a resguardo hasta que decidan retirarlo”.
“La orden judicial había que cumplirla. Estamos hablando de tres expedientes con sentencia firme, revisada en todas las instancias posibles”, concluyó el magistrado.
