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El Senado entrerriano dio este miércoles media sanción al proyecto que propone establecer un régimen para recuperar los fondos que la provincia destina a salvar vidas al momento de responder a un accidente del que son parte personas que no cuentan con cobertura de obras sociales. El proyecto será girado a la Cámara de Diputados.

Ante un siniestro vial, interviene de inmediato el sector público –mediante ambulancias, hospitales–. Con este proyecto se busca aplicar un mecanismo para reclamar a las aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación que afronten los gastos sanatoriales y de sepelio de las víctimas de accidentes de tránsito.
Sobre la iniciativa
Surgió luego de compartir cada semana comentarios obre los accidentes que se dan enlos principales corredores viales de Entre Ríos, indicó el senador Lucas Larrarte. Él es uno de los autores, junto a los legisladores René Bonato y Daniel Olano, de la iniciativa.

Explicó que presentaron la propuesta "teniendo en cuenta lo que nos ha informado el Ministerio de Salud, con estadísticas que indican el fuerte impacto que tiene la accidentología vial sobre los efectores públicos”.

Informó que hubo reuniones con la ministra de Salud y se analizó el sistema que tiene el Estado para reclamar a quienes tienen cobertura de obras sociales. Observando las normativas nacionales vigentes y las obligaciones de las compañías de seguro, es la que terminó de dar impulso a este proyecto.
Promedios alarmantes
El promedio mensual en nuestro país, según los datos de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, es de 600 muertes mensuales a causa de accidentes de tránsito.

Se remarcó en esos encuentros que los hospitales, centros asistenciales y efectores de salud de la provincia brindan asistencia inmediata, de alta calidad y gratuita en la coyuntura, salvando a diario muchas vidas con una inversión de recursos considerable.

En los fundamentos del proyecto se explica que “las personas que cuentan con cobertura social, como así también seguros por accidentes de tránsito, pueden reportar una importante suma de dinero al Estado mediante el sistema de arancelamiento, que le permite a los efectores públicos recuperar los montos invertidos en la atención de pacientes para beneficio directo de las unidades asistenciales y trabajadores de los mismos”.

Salvar una vida implica inversiones quirúrgicas, de farmacia, insumos, honorarios médicos, prótesis y otras erogaciones que implican el cuidado de pacientes. La mayoría de las personas que sufren un accidente son derivadas a un efector de salud pública y, entre ellas, existe un importante porcentaje que no cuenta con cobertura social.

Para las obras sociales se aplica el arancelamiento. “No sucede lo mismo en aquellos casos de pacientes que no poseen ningún tipo de cobertura médica, pero que, considerando la causa de sus lesiones, en orden a la normativa legal vigente, permiten exigir el pago a las compañías aseguradoras que amparan a los vehículos que están involucrados en el siniestro”, fundamentó el legislador.

Con el proyecto se trata de dotar el Ministerio de Salud de la herramienta jurídica para recurar la inversión con el concurso de la Fiscalía de Estado.
Fuente: Análisis Digital

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