Desde las 11.30 del viernes se escuchan los alegatos de parte. Si bien el inicio estaba previsto para las 10.30, el jurado comunicó que debía resolver una cuestión preliminar antes de comenzar: lo que ocurrió es que la defensa de Goyeneche recusó al jurado Juan Ramón Smaldone. El motivo es que su hijo, Guillermo Smaldone, exministro de Trabajo de Entre Ríos, fue imputado en la causa por dádivas durante la gestión del exgobernador Sergio Urribarri. Sobre esa investigación, se pidió el viernes pasado la elevación a juicio, unos días antes de que el juez de Garantías Mauricio Mayer decidiera el sobreseimiento de tres imputados: Urribarri y los exfuncionarios Carlos Haidar y Miguel Ulrich.
En la elevación a juicio, Guillermo Smaldone recibió un pedido de pena de 5 años, por parte del Ministerio Público Fiscal. Tal como se adelantó el miércoles pasado, último día de testimoniales, el fiscal ad hoc Gastón Justet tendrá como máximo una hora y media para exponer su tesis; el mismo lapso de tiempo se permitirá a los defensores Gustavo Lambruschini y Enrique Pita para elaborar un cierre.
El Jurado de Enjuiciamiento está compuesto por tres vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), dos abogados y dos legisladores. Lo encabeza la abogada Verónica Mulone y lo integran los vocales Daniel Carubia, Juan Ramón Smaldone y Gisela Schumacher, los legisladores del PJ Gustavo Zavallo y Armando Gay, y el abogado y director de Asuntos Jurídicos del Senado.
El jury comenzó el lunes de esta semana. Por el Salón de Actos del STJ pasaron doce testigos: el contador Pedro Opromolla, del Estudio Integral Asesoría, imputado en la causa contratos truchos de la Legislatura; el contador Guido Krapp, también del estudio contable, imputado en la misma causa; Mario Deiloff, cadete de Integral Asesoría y contratado de la Legislatura; y Maricel Goyeneche, sobrina de la fiscal suspendida. Todos ellos fueron citados por la acusación. El segundo día de testimoniales se escuchó a los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry; al marido de la fiscal Goyeneche, Sebastián Orlando Bertozzi; al comisario Ángel Ricle; el contador Rodolfo Álvarez, experto en fideicomisos. Los primeros tres fueron testigos compartidos y desde Álvarez en adelante fueron testigos citados por la defensa. El tercer día de testimoniales, el miércoles, se escuchó a la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Carolina Castagno; al comisario Horacio Blasón; al bioingeniero del MPF, Fernando Ferrari; y al procurador general de la provincia, Jorge García. Cabe recordar que también había sido citado por la acusación el corredor inmobiliario Renato Mansilla, pero el fiscal desistió de ese testimonio.
El jury acusa supuesto "mal desempeño", "incumplimiento de los deberes de funcionaria pública" y "graves desórdenes de conducta". Todo se circunscribe a su actuación como coordinadora en la causa de los "Contratos truchos" de la Legislatura, la investigación por corrupción considerada la más importante de la historia entrerriana por la magnitud del presunto desvío de dinero. Para los denunciantes, Goyeneche debió excusarse de continuar al frente de la investigación porque uno de los imputados, Pedro Opromolla, fue inversor en un fideicomiso compartido. Entre otras cuestiones, le endilgan mantener un trato desigual con los imputados. Cabe señalar que la fiscal estuvo entre septiembre de 2018 y los primeros meses de 2019 coordinando la causa. En ese lapso se la acusó, también, de negarle a una jueza la relación con el imputado. Luego, Goyeneche se excusó de continuar en la causa.
Durante la audiencia también se expusieron documentos, se vieron videos de audiencias de la causa "Contratos", indagatorias a imputados y hasta se escuchó una nota periodística que dio un abogado defensor al inicio de aquella investigación, donde ya se adelantaba que denunciarían a los investigadores y se hablaba de la ausencia de delito en las maniobras de desvío de dinero de la Legislatura. La defensa de Goyeneche insiste en que todo se trata de "un acto de disciplinamiento" al Poder Judicial y, especialmente, a los fiscales que investigan la corrupción. Además, se interpusieron duros cuestionamientos a la conformación del jury, dado que se corrió al MPF de ese rol, previsto en la Constitución. Esa discusión está, ahora, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Luego de los alegatos que podrán escucharse este viernes, el jurado tendrá 24 días para definir la cuestión. Probablemente, si el fiscal sostiene la acusación en el cierre del proceso, destituyan a la fiscal de su cargo.
