Tras la condena del año 2018, la directora de la institución Noelia Trossero interpuso una nueva denuncia por amenazas verbales y actos de hostigamiento.
Detalles de la nueva denuncia
El jueves 11 de agosto, Trossero se presentó ante la fiscal María Florencia Baigorria y denunció que un empleado del Hospital, delegado a la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), tiene “la única intención de hacerme la vida imposible”. La funcionaria de salud relató que “todo empezó hace cuatro años atrás, cuando hubo problemas de violencia de todo tipo”. “Luego del juicio, que fue en Paraná, hubo un tiempo en que tuvimos una buena relación de respeto con este hombre. Pero desde hace un tiempo su única intención es hacerme la vida imposible. Es el encargado de la fotocopiadora que está pegada a mi despacho. Entonces ve quién entra y quién sale de mi oficina, políticos y gente del Ministerio. Cuando llega gente me persigue para ver lo que hago. Cuando salgo de mi oficina y me muevo con algún funcionario aparece en el lugar, desconociendo cuál es su objetivo y función. Él debe estar en la fotocopiadora, pero anda por los pasillos hablando con los empleados y lo que habla no es a favor del Hospital. No puedo hacer nada porque tiene fueros gremiales. He conversado con él en buenos términos, pero después hace lo contrario”.La directora del hospital relató problemas para trabajar en la Comisión Evaluadora del nosocomio, encargada del movimiento de personal. Es decir, ese espacio del que participan los dos gremios (ATE y UPCN) y la Dirección del hospital, decide en conjunto quién entra como empleado. Estos movimientos no pueden darse en ausencia de alguna de las partes. En efecto, las disposiciones necesitan de las firmas de los delegados gremiales y la Dirección.
“Nosotros para tomar empleados nuevos tenemos que pasar por la Comisión Evaluadora y dejar asentado en acta la decisión que se tome. Él participa como delegado de UPCN. Generalmente la reunión es en un marco de confidencialidad, porque se toman decisiones en relación a los empleados, si se los sanciona, se los cambia de lugar de trabajo, etc. Por ejemplo, hace unas semanas se seleccionaron tres empleados nuevos, lo cual está en acta. Uno seleccionó ATE, uno UPCN y otro el hospital, dentro de los postulantes. Este hombre automáticamente salió de la reunión y habló mal de mí. Dijo lo contrario a lo que se habló en la reunión que quedó plasmado en acta y los secretarios gremiales sacaron fotocopias. Ese día él me tiró el acta en el escritorio de mi oficina y me manifestó: ‘no me jodas porque ya sabés lo que te va a pasar, no me jodas’. No había nadie más presente en ese momento, sólo ingresó a dejarme el acta”, relató.
Más adelante, Trossero declaró que “cuando hay un tercero conmigo su trato es normal, cuando está solo conmigo su trato cambia”. “No quería hacer la denuncia porque me retrotrae al tiempo feo que pasé, pero la situación se pone cada vez más complicada”, acotó.
La directora denunció que “es imposible ir a trabajar, porque el hostigamiento es continuo, la semana pasada puse una chica de servicio generales en la fotocopiadora, un trabajo administrativo, pasó a trabajar con él porque se estaban gastando muchas hojas y porque él no está nunca en su oficina, porque con lo de los fueros gremiales de los cinco días falta tres”. “Me cuestionó porque pasé a esta chica, que es de UPCN, y no me quiso firmar la suplencia. A él no le interesa el gremio, su único objetivo es molestarme. Si quiero nombrar un empleado, él me hace nombrar a un pariente suyo. Me ha hecho señas amenazantes con su mano, eso pasa sin la presencia de terceros”.
Por último la directora del hospital dijo que “hay un Facebook trucho en el cual se le solicitó amistad a todos los empleados del hospital y las cosas que postean dan cuenta que es alguien de las oficinas. Todo el tiempo hace publicaciones del hospital, publica información falsa como que mi quincho está hecho de adoquines que me robé del hospital y eso no es así, no tengo adoquines en mi quincho. Ese facebook publica mentiras de mí, todo con tinte político”.
Para finalizar Trossero agregó que le hackearon el celular “siete veces, en particular las redes sociales, publican venta de dólares. Estas últimas veces la característica es de Entre Ríos”.
En el Ministerio de Salud interpretan que algunos afiliados a UPCN se entusiasmaron con las últimas resoluciones judiciales que beneficiaron al histórico secretario general y exdiputado José Ángel Allende en el marco de la causa por agresiones que denunció la ministra de Salud, Sonia Velázquez. “A veces los muchachos toman vuelo propio, eso depende de cada uno”, se indicó a este medio.
Desde la cartera sanitaria se inició un sumario administrativo y se impulsan soluciones para resolver los inconvenientes con el personal, debido al funcionamiento irregular de la comisión evaluadora del Hospital Colonia de Salud Mental.
Desde Fiscalía se indicó a este medio que hubo una audiencia y se dispusieron medidas de restricción que pesan sobre el denunciado. Hay una prohibición de acercamiento de 200 metros que, hasta ahora, no implicó inconvenientes en las áreas de trabajo dada la amplitud de espacios en el nosocomio.
Antecedentes
Entre el 5 y el 7 de junio de 2017, integrantes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) se presentaron en varias oportunidades en el Hospital Colonia de Salud Mental, en Diamante, para exigir a su directora, la kinesióloga Noelia Trossero, que reincorpore a la planta de personal a la enfermera Yanina Migueles.¿Qué había pasado? Como directora del hospital, Trossero había dejado cesante a Migueles que además de enfermera, era delegada de UPCN y tenía una suplencia extraordinaria. El motivo de la cesantía era que la empleada se había negado a cumplir una orden laboral, y acumulaba dos denuncias previas por suministrar medicamentos de forma errónea a pacientes.
La resolución de Trossero motivó la presencia de un grupo de dirigentes de UPCN que viajaron a Diamante, a convencerla de que volviera atrás con la medida. A esas acciones se sumó una comunicación telefónica del ex ministro de Salud de la provincia, Ariel De la Rosa con la directora, para obligarla a cumplir una resolución ministerial que dispuso la reincorporación de Migueles.
En ese momento, desde UPCN se defendieron diciendo que habían viajado a Diamante para dar una conferencia de prensa en la cual se mostrarían en defensa de los intereses de Migueles, quien para el sindicato había sido despedida de modo injusto y arbitrario.
Los integrantes de la comisión fueron detenidos en esa instancia en flagrancia. Por lo tanto, desde el Ministerio Fiscal no sólo les achacaron el delito de coacciones agravadas contra Trossero, sino que además en varios casos sumaron delitos de resistencia a la autoridad y amenazas.
Según el Ministerio Público Fiscal que en ese momento estuvo a cargo de Gamal Taleb y Laureano Dato, todo eso ocurrió en un marco de violencia. De hecho los fiscales calificaron el accionar de los sindicalizados como “patota”, con actitudes de “apriete” y “matonismo”.
En su momento, cuando concluía el juicio por esta situación en 2018, el fiscal Taleb alegó: “Debemos considerar como atenuante que hay alguien de prácticas patoteriles de UPCN que no está imputado en este juicio. Hay un autor detrás del autor, y eso debe valorarse como atenuante. Hay alguien que está moviendo los hilos detrás, e instaura prácticas violentas”. No lo dijo, pero hacía alusión al jefe de la UPCN, el exdiputado nacional peronista José Ángel Allende.
A juicio llegaron los dirigentes Fabián Monzón, Carina Domínguez, Zunilda Suárez, José Zarza, Guillermo Barreira y Noemí Santamaría, y el ex ministro De la Rosa, para quien el episodio significó la salida de su cargo en el gobierno provincial. Pero no para todos hubo pedidos de condena.
Guillermo Barreira fue la única persona contra quien se dejó de sostener la acusación pública después del debate oral. Para todo el resto de imputados, los fiscales pidieron duras penas que iban de los 5 años y medio de prisión, al 1 año y medio de prisión condicional.
Finalmente, tras el debate oral que se desarrolló ante un tribunal compuesto por Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Pablo Vírgala, hubo condenas y absoluciones. Los jueces absolvieron a De la Rosa, Carina Domínguez y Zunilda Suárez. Y condenaron a José Zarza y Noemí Santamaría a 2 años de prisión condicional y a Fabián Monzón a 1 año de prisión condicional.
La sentencia fue confirmada en 2020 por la Cámara de Casación Penal de Paraná.
