Los argumentos de la Fiscalía, que apeló el fallo del juez de Garantías del 8 de octubre último, serán expuestos en la audiencia prevista para mañana, a las 9, en los Tribunales de la capital provincial.
¿Por qué apeló el Ministerio Público?
El Ministerio Público Fiscal decidió apelar la resolución que adoptó el último 8 de octubre el juez de Garantías, Mauricio Mayer, al dar cabida parcial a una petición hecha por el abogado Ignacio Díaz, defensor del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, sindicado como “testaferro” de quien fuera dos veces titular del Ejecutivo entrerriano, entre 2007 y 2015.Ignacio Díaz pidió que la Justicia le restituyese a Cardona Herreros cinco computadoras secuestradas en los allanamientos que se practicaron el 28 y el 29 de junio del año pasado, en la sede de la empresa Relevamientos Catastrales SA -de Cardona Herreros-, ubicada en Avenida Córdoba al 1100 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el propio domicilio particular del empresario, ubicado en la Provincia de Buenos Aires, publicó el portal Entre Ríos Ahora.
La petición de devolución de los equipos había sido negada por el Ministerio Público Fiscal, pero hoy el fiscal Gonzalo Badano, en la audiencia ante el juez Mayer, aceptó la devolución de un equipo, aunque insistió en retener en custodia otras cuatro computadoras por contener material de prueba. El argumento del defensor es que esa retención afecta garantías constitucionales, como el de poder ejercer la actividad comercial del empresario, ya que los equipos contienen información de contrataciones de Relevamientos Castratales SA, y además datos y fotos personales, algunas de índole familiar.
Ante esa petición, Mayer dispuso lo siguiente:
-No hacer lugar a la devolución de los cuatro equipos de computación, tres secuestrados en la empresa Relevamientos Catastrales, uno en el domicilio particular de Cardona Herreros.
-Hacer lugar a la restitución de una notebook marca Apple.
-Autorizar a Cardona Herreros para que, por medio de profesionales idóneos, con control de Fiscalía, proceda a extraer la información de carácter estrictamente personal y familiar, protegida por el derecho a la intimidad, que contengan los equipos que seguirán en poder de la Fiscalía. Y ordenar que, tras su extracción, se proceda a la expurgación de esa información de los equipos secuestrados.
-Autorizar a Cardona Herreros a que por medio de profesionales idóneos extraiga todos los datos atinentes a contrataciones con otras provincias, con otras empresas, ajenos a lo investigado. Y que esa información también sea expurgada de los equipos secuestrados.
De esta forma, el juez Mayer se pronunció a favor de mantener las computadoras en poder de la Justicia, pero no por el valor material de los equipos en sí, sino porque en el tipo de delitos investigados, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y peculado, resultan “instrumentos privilegiados” para consumarlos.
“Decimos que estas computadoras gozan del estado de sospecha de ser instrumentos del delito y por lo tanto están sujetas a decomiso en el juicio respectivo en caso de demostrarse la responsabilidad de los imputados. Así deben ser preservadas”, dijo el magistrado en su resolución.
La Fiscalía, sin embargo, interpreta que la resolución del juez resulta de difícil implementación, en particular la que ordena revisar cada uno de las computadoras y extraer y borrar correos electrónicos que no tienen incidencia en la causa. Uno de los equipos tiene más de 130 mil correos electrónicos. Desde el Ministerio Público Fiscal decidieron apelar la resolución del magistrado por cuanto no acuerdan con todos los puntos.
Las conexiones
En aquella primera audiencia del 8 de octubre de la causa por enriquecimiento de Urribarri, se conocieron impactantes revelaciones. A la par que defendía lo investigado, el fiscal Gonzalo Badano detalló de qué modo el empresario Cardona Herreros, consiguió millonarios contratos con el Estado entrerriano a cambio de pago de coimas a funcionarios. Y, también, leyó una serie de correos electrónicos y planillas de cálculos en los que Cardona Herreros habría llevado una puntillosa contabilidad de los gastos que costeaba a Urribarri y a su familia, incluidos viajes al Caribe, a Cuba y a Venecia, y hasta el pago de su teléfono celular.
En los correos electrónicos que intercambiaba Cardona Herrero con Urribarri se demostraría que entre ambos había una relación sobradamente estrecha que excedía lo protocolar.
“Estimado Pato: Aprovecho para saludarte y preguntarte qué hacemos con los temas en cartera. No sé cómo seguir”, dice un correo electrónico que el empresario envió al ex gobernador. “Me gustaría saber si estás enojado conmigo. Necesito hablar con vos”, rogaba en otro. “Tengo que cerrar números con vos”, urgía un tercero.
La Procuración apuntó al modo cómo una empresa contratada por el Estado entrerriano entre 2007 y 2014 financió actividades privadas del ex titular del Ejecutivo y su familia, y en qué medida Relevamientos Catastrales SA, empresa de Cardona Herreros, se hizo de jugosos contratos mediante el pago de coimas a funcionarios provinciales.
El fiscal Badano se ocupó de explicar por qué la Procuración considera una prueba relevante esas computadoras para la investigación de dos causas por corrupción que involucran a Urribarri: una por enriquecimiento ilícito y otra por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, en las dos involucrado Cardona Herreros, resaltó el portal Entre Ríos Ahora.
En uno de los equipos, están peritando 134 mil correos electrónicos; en otra, 55 mil. “Rechazamos el pedido de devolución de las computadoras secuestradas porque consideramos que esos equipos contienen información de importancia para la teoría del caso”, argumentó la Fiscalía. “Son instrumentos del delito, y por eso, sujetos a decomiso”, agregó Badano.
El fiscal relató que la causa por enriquecimiento que se abrió a Urribarri en 2015 incorporó a un empresario que resultaría clave en su “desproporcionado” crecimiento patrimonial: Cardona Herreros. Y para eso se basó en un informe pericial del contador Héctor Enrique que demuestra de qué modo la incorporación de un patrimonio de 11 millones de dólares a los bienes del ex gobernador sólo pudo ser posible con la participación del empresario de origen paraguayo. “Urribarri utilizó la infraestructura de Cardona Hereros para su crecimiento patrimonial. Este dinero que incorporó a su patrimonio, además, no encuentra registro en ningún organismo oficial. No está en la ATER ni en la AFIP, ni en ninguna declaración jurada. Hemos podido determinar que Cardona Herreros compraba vehículos para la familia Urribarri, le compraba viajes al Caribe, para que viajen el ex gobernador y su familia. También está la compra de muebles. Y de todas estas operaciones no existe registro en otro lado que no sea en las computadoras de Cardona Herreros que secuestramos”, afirmó Badano.
