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El principal imputado por el triple crimen en Bajada Grande, Oscar Siboldi, entregó a la Fiscalía las tres armas de fuego usadas para asesinar a Luciano Álvarez, Miguel Aguirre y Leonardo Martín Álvarez aquella madrugada del 25 de mayo de 2019. Se trata de un revólver calibre 38, una pistola 11.25 y otra 22. Desde la Fiscalía remitieron las armas a Criminalística para efectuar las pericias de rigor. Los tres análisis balísticos arrojaron resultados positivos en la comparación con las vainas y proyectiles secuestrados en la escena del triple crimen.

Además, se confirmó otro hecho que se había corroborado sin el arma: que la pistola 11.25 utilizada en la masacre de Bajada Grande era la misma que se disparó unos meses antes, el 1° de febrero de 2019, en una balacera en el Paraná XVI donde resultaron heridos dos adolescentes que estaban jugando al fútbol en la canchita del barrio.

En la causa por el triple crimen de Bajada Grande están imputados Siboldi y dos de sus hijos, Alexis y Brian. El padre (con una condena por otro homicidio y estuvo sindicado como un jefe narco de la zona oeste de Paraná) confesó haber matado él solo a las tres víctimas, con la intención de desvincular a los jóvenes. Quizás en la negociación para avanzar hacia este objetivo decidió entregar el armamento que tenía bien escondido, ya que la Policía lo estaba buscando desde entonces y no lograba hallarlo.

En la experiencia de negociaciones de causas penales en los últimos años, entregar un arma de fuego utilizada en un hecho delictivo se considera un elemento de peso para que el imputado obtenga algún beneficio a cambio.

En este caso, claramente Siboldi, defendido por el abogado Alberto Roger Salvatelli, pretende no solo una pena más leve, sino tratar de que sus hijos resulten absueltos. Incluso buscaría plantear que actuó en exceso de legítima defensa. No obstante, más allá de lo que evalúe la Fiscalía, a cargo de Patricia Yedro, los querellantes Andrés Bacigalupo y Franco Azziani Cánepa, quieren determinar si alguno de los jóvenes disparó alguna de las armas en un debate oral y público, con las declaraciones de testigos, médico forense y peritos de Criminalística.

La remisión de la causa a juicio se solicitó, pero la resolución se postergó por la crisis sanitaria.

El 9 de marzo se realizó la audiencia de remisión de la causa a juicio, donde las partes discutieron sobre las pruebas que debían ser analizadas en el debate oral. Luego de recibir el legajo de investigación, la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, pasó a analizar el caso para resolver sobre los respectivos pedidos. Pero tal instancia se suspendió, debido a que 10 días después comenzó la cuarentena obligatoria y el consiguiente receso extraordinario en el Poder Judicial. Por esto, no se sabe cuándo será el juicio.
Fuente: UNO Entre Ríos

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