“A nuestro juicio, vulnera los derechos adquiridos de los afiliados, entendiendo por tal aquellos que entran en forma definitiva en el patrimonio del afiliado, están consolidados y su disfrute se confirma cuando el afiliado recibe de manera efectiva su beneficio previsional derivado de una disposición legal, situación jurídica que se encuentra consolidada cuando el afiliado cumple con los requisitos fijados al amparo de la legislación vigente, aunque aún no haya disfrutado de esa condición o beneficio”, comienzan diciendo. Uno de los planteos radica en la presunta vulneración del “principio de irretroactividad de la ley”, “que protege a nuestros afiliados frente a acciones que pretendan eliminar o modificar derechos previamente adquiridos, lo cual no significa que las normas que otorgan derechos no puedan cambiarse, pero estas modificaciones no podrían generar perjuicios a aquellos que ya han incorporado a su patrimonio derechos o condiciones más favorables a su entorno”.
Asimismo, entienden que el proyecto elaborado por el directorio de la Caja afecta el “principio de progresividad” surgido del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), “en donde los Estados partes se han comprometido a adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos, pretendiéndose mejorar las condiciones de vida del hombre y evitar la regresividad de esos derechos”. “Muchos de los aspectos que pretende modificar el proyecto de ordenanza afectan los derechos y principios comentados”, sentencian desde la entidad sindical. A modo de ejemplo, hacen foco en el posible aumento de la edad jubilatoria de 60 a 65 para los hombres y de 55 a 65 para las mujeres: “Afecta decididamente los principios enumerados, imposibilitando el acceso del afiliado a su derecho jubilatorio”.
“Lo mismo sucede con la modificación de los servicios con aportes, elevándolos a 35 años así como el mínimo de años de aportes efectivos en el sistema de la Caja Municipal, llevándolo de 18 a 25”, mencionan luego. Otro tanto con el haber de la pensión que lo reduce del 70 al 65 por ciento del haber jubilatorio y, para el caso de fallecimiento del causante en actividad, “además de tal reducción de haber, establece un prorrateo del 2,857 por ciento por cada año de servicios acreditados por el causante hasta el fallecimiento, lo que provoca una considerable disminución del haber de la pensión, llegando incluso, si el fallecido cuenta pocos años de servicio, a no alcanzar dicha pensión, un salario mínimo”.
En tanto, sostienen que el cargo a los afiliados pasivos del 4 por ciento para afrontar gastos administrativos de la Caja “resulta palmariamente violatorio de expresos derechos y garantías constitucionales” y citan como ejemplos “intangibilidad de los haberes previsionales” e “igualdad ante la ley”.
Al manifestarse en contra del proyecto, advierten que “de aprobarse, provocará un gran descontento social y graves perjuicios para la municipalidad y para la Caja de Jubilaciones, ya que seguramente será atacado de inconstitucional por vulnerar principios y garantías consagrados en la ley y en la Constitución Nacional (igualdad ante la ley, derechos adquiridos, principio de progresividad, entre otros)”.
