Rechazo al planteo de nulidad
El juez de Garantías Elvio Osir Garzón no hizo lugar a ninguno de los planteos de nulidad de ese allanamiento efectuado por la Policía Federal el 2 de marzo en dos propiedades de Buffa, el empresario que maneja ahora una franquicia de Planeta Pizza en Paraná, pero que también es funcionario público y estuvo al frente de una empresa, Global Means, que tuvo un rasgo peculiar: consiguió que la gestión Urribarri/Báez le diera una pauta de publicidad oficial un mes antes de que fuera constituida legalmente.
Por ese hecho está imputado en una causa por negociaciones incompatibles con la función pública, y su declaración ante el juez Gustavo Maldonado sirvió para fundamentar los allanamientos.
¿Por qué fue el allanamiento?
Los allanamientos a Buffa (una propiedad ubicada en el ingreso a Aldea María Luisa, frente al monasterio de las monjas benedictinas; una casa ubicada sobre calle Toribio Ortiz, de Paraná) fueron dispuestos en la causa por enriquecimiento ilícito del diputado Pedro Báez y su esposa, la trabajadora social Sofía Riquelme, y encargados, el 2 de marzo último a la Policía Federal.La Justicia reprocha a Báez y Riquelme un incremento desproporcionado de su patrimonio luego de su paso por la función pública. El exministro y ahora diputado posee una amplísima casa quinta ubicada en calle Jozami al 2000, en la zona de la Toma Vieja; también un caserón sobre calle Cervantes al 400; un yate que amarra en el Club Náutico; y su esposa, Sofía Riqulme, socia en la empresa Innova Turismo, la SRL que regentea el hotel Amanzi Termal, en Villa Zorraquín, en Concordia.
Medidas para ver si hubo enriquecimiento
Al rechazar el planteo de los defensores de Báez y de Buffa, el juez Garzón aseguró que “advierto que todas las medidas que solicita la Fiscalía son medidas pura y exclusivamente tendientes a acreditar si el señor Báez y la señora Riquelme se han enriquecido o no”. Y aseguró que el allanamiento a las propiedades de Buffa se fundamenta en datos que surgieron de los distintos informes recabados a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), la Administradora Tributaria de Entre Ríos (Ater), la Contaduría General, el Ministerio de Hacienda de la Nación, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, el Club Náutico, Migraciones, bancos, y, entre otros, a los Registros de la Propiedad de Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán y Santa Cruz.
“Comparto lo que dijo Malvasio”, aseveró el juez al fundamentar su resolución y añadió que “lo que gobierna y domina la investigación son los hechos. Cuando el hecho es complejo y diverso, el fiscal debe modificar la apertura de causa. Pero acá el hecho se ha mantenido incólume, no ha variado”.
Fue antes de asegurar que “es improcedente la nulidad, la inadmisibilidad o invalidez de los allanamientos. Es improcedente porque no se han violado normas constitucionales, como el derecho de defensa o el debido proceso, ni tampoco la dignidad de la persona”.
Los planteos de nulidad a los allanamientos fueron formulados, en sucesivas audiencias, primero por el defenor de Buffa, José Velázquez, y luego por el representante legal de Báez, Ignacio Díaz.
El juez Garzón explicó de qué modo se llevaron adelante los allanamientos a las propiedades de Buffa. Dijo que previo a ese procedimientos, y a pedido del defensor Velázquez (que solicitó un detalle de lo que se hizo), la Policía Federal realizó “tareas de inteligencia” respecto del empresario pizzero.
“Eso es a raíz de un oficio del 5 de diciembre de 2017. Los fiscales (Juan) Malvasio y (Gonzalo) Badano le encomiendan a la Federal que averigüen cuál es el domicilio de Buffa. Y acuden a la Policía Federal dado que Buffa es un funcionario en el Gobierno de la provincia”, detalló. Así había empezado la “inteligencia” sobre Buffa.
