El proyecto de ley, que fue presentando en diputados por Juan Navarro, fue una iniciativa del pleno del Consejo de la Magistratura -en su integración anterior- como una propuesta integral para mejorar el funcionamiento del organismo.
Respecto al arancelamiento para inscribirse a los concursos y recurrir las calificaciones asignadas a los postulantes -la medida que mayores reacciones despertó- Barrandeguy explicó que la finalidad que tuvo fue, primero, la creación de un fondo de fortalecimiento institucional, para poder contar con mayores recursos destinados principalmente a la capacitación del personal y otros gastos operativos; y por otro lado, con la intención de conferir mayor racionalidad a los Concursos, evitando actuaciones infructuosas o inconducentes, principalmente en la etapa de inscripciones, ya que actualmente existen numerosos casos de aspirantes que se anotan en una multiplicidad de concursos y muchas veces no se presentan a rendir o no están realmente dispuestos a asumir el cargo en una jurisdicción distinta a la de su residencia habitual, lo que provoca dificultades a la hora de la conformación de las ternas que se le proponen al Gobernador. Del mismo modo, se ha pretendido que quien impugna la calificación asignada lo haga con fundamentos o motivos serios y no por el mero hecho de tener expedita esa vía, o por mera disconformidad con el lugar en que quedó ubicado en los órdenes de mérito.
