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La comunicadora Aurora Ruiu, responsable de la Agencia Textual, presentó la única oferta para monitorear la imagen institucional del gobierno entrerriano a través de diferentes medios. Fue el viernes pasado, al formalizarse la apertura de sobres en el marco de la Licitación Pública N 07/18.

Durante la ceremonia realizada en la Unidad Central de Contrataciones se labró un acta para detallar la pretensión económica de la oferente, que cotizó por debajo del presupuesto oficial. Ruiu solicitó que en caso de ser adjudicada le paguen 2.193.480 pesos, mientras que el gobierno provincial estimó que ese trabajo podía costar 2.200.000 pesos. Cuando tomó estado público la convocatoria oficial no faltaron objeciones al monitoreo requerido por el gobierno. No sólo por el monto previsto para esa tarea sino también por la lista de medios que se pretende relevar para conocer lo que se dice sobre la gestión del gobernador Gustavo Bordet. Si bien se pusieron en venta cuatro ejemplares del pliego de licitación, finalmente la única compradora fue Ruiu. Y de acuerdo al detalle de su oferta, formuló una cotización mensual por 182.790 pesos.

La propuesta también incluyó un servicio adicional sin costo y que no formaba parte de las exigencias previstas en el pliego. Se trata del seguimiento de la administración Bordet a través de medios de la provincia de Santa Fe.

Según consta en el acta labrada por la notaría Daniela Kozak, quien actuó en representación de la Escribanía Mayor de Gobierno, el Poder Ejecutivo efectuó una reserva presupuestaria de 1.665.000 pesos. Esa cifra es la que la administración provincial prevé pagar durante el presente ejercicio.

Por tratarse de un contrato por 12 meses de extensión y que puede ser prorrogado por otro período semejante, se descuenta que el resto del dinero se desembolsará durante el año próximo. Así los pagos superarían los dos millones de pesos.

Eso sucederá en caso de que Ruiu haya cumplido con las formalidades previstas en el pliego de bases y condiciones. Algo indispensable para que pueda ser evaluada por la Comisión de Compra, que deberá emitir un dictamen aconsejando o rechazando su contratación.

Esa tarea estará a cargo del secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider, que tiene bajo su control el Ministerio de Comunicación y Cultura, el organismo que requirió el monitoreo de medios. Los otros dos funcionarios que resolverán la licitación serán Gustavo Tórtul (titular de la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación) y Pablo Dimier (director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación y Cultura).

De no surgir inconvenientes se presume que la Comisión de Compras terminará su labor a más tardar el 15 de junio. Producido su dictamen el Poder Ejecutivo estará en condiciones de emitir un decreto disponiendo la contratación o declarando el fracaso de la licitación pública.
Fuente: El Entre Ríos

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