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A raíz de una exposición sobre las “alarmantes” condiciones de detención en comisarías y alcaidías de Entre Ríos, realizada por la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (RODHER), la diputada Gracia Jaroslavsky (bloque UCR) presentó un pedido de informes a la Cámara baja, requiriendo una serie de datos al Poder Ejecutivo y exigiendo saber qué medidas se adoptarán tras las denuncias hechas públicas. El jueves de la semana pasada, la RODHER junto con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y el área de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), en articulación con la Defensoría General de la Provincia, presentó públicamente un trabajo elaborado a partir de inspecciones realizadas en dependencias policiales donde se encuentran personas privadas de su libertad. El informe revela que la situación de esas personas “es verdaderamente alarmante en materia de garantía, respeto y realización de los derechos humanos”.

Esta iniciativa fue seleccionada en una convocatoria realizada por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) para fortalecer el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, cuyos representantes estuvieron presentes en la presentación realizada el jueves en el Rectorado de Uader.

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Entre las conclusiones, remarcaron deficiencias en la atención de la salud, alimentación, higiene y espacios para visitas. Observaron la “naturalización de prácticas violentas y violatorias de derechos”, con “casos extremos de clandestinidad”.

Ante esto, Jaroslavsky presentó este lunes en la Cámara de Diputados un pedido de informes, en el cual pide al Poder Ejecutivo que comunique si se tiene conocimiento de las situaciones relevadas por la RODHER. También pregunta: “¿Estaba en conocimiento de la situación denunciada en el referido informe, con anterioridad a la publicación de éste?”.

Más adelante, la diputada pregunta al Ejecutivo: “¿Cuáles son las medidas tomadas por el Gobierno de la Provincia para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos y garantías mínimas de las personas privadas de la libertad en lugares de encierro transitorio de la Provincia?”. Y cuáles son las acciones o medidas a implementar por parte del gobierno con posterioridad a las denuncias efectuadas.

En otro punto requiere que se informe sobre el estado edilicio y las condiciones de seguridad e higiene de las comisarías y alcaldías de la provincia, en los espacios donde se realiza la detención transitoria de personas. Y si el gobierno está en conocimiento, como expuso la RODHER, que se advierte un fuerte contraste entre el “buen estado general de las comisarías en el área administrativa y de atención al público” en comparación con el área de las celdas y alojamiento de detenidos, donde “se comprobó la precariedad general, tanto edilicia como higiénica en la que coexisten las personas privadas de la libertad”.

Por último, la legisladora radical requiere información sobre las condiciones de alojamiento, alimentación de los detenidos, su estado de salud y el régimen de visitas y actividades recreativas que realizan en las comisarías y alcaldías de la Provincia.
Fuente: UNO Entre Ríos

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