Cuando aún no se sabía de la existencia del coronavirus, los sanatorios y clínicas de Concordia, al igual que sus similares del resto de la provincia y del país, habían procurado llamar la atención de la sociedad por la asfixia económica que aseguran estar atravesando, atribuida a una crisis de arrastre, de múltiples causas, que lleva años de incubación.
Esa realidad que antes consideraban apremiante, en medio de los preparativos para atender la emergencia por el Covid 19, se volvió urgente.
En este contexto, este martes 21 de abril, la Cámara de Clínicas y Sanatorios de Concordia recibió una misiva firmada por el Dr. Jorge A. Díaz Vélez, presidente del Instituto Médico Quirúrgico Garat S.A., una de las principales firmas que integran la entidad. El escrito contiene una propuesta de 12 puntos, algo así como un plan de salvataje para el sector, para ser elevado “a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, y a los Ministerios de Trabajo y Salud de la Nación”.
El planteo del Garat, que la Cámara siente como propio, parte de una premisa: “en la lucha contra esta pandemia del coronavirus se encuentran comprometidos como actores principales los establecimientos e instituciones relacionados con la salud”. Y siendo así, urge –dicen- “un apoyo especial para el sector”.
La carta expresa que los prestadores experimentan una “grave situación económica”, que con el paso de los años no sólo no ha sido solucionada sino que los problemas “se han agravado, ya que solo se han concretado medidas paliativas e incompletas”.
Luego de enfatizar que “en el marco de esta pandemia, es fundamental el apoyo del estado a las empresas prestadoras de salud”, y que el sector se ha sumado a “un trabajo coordinado y conjunto” con el sector público, pasan a enumerar 12 medidas que, a su entender, deberían ser adoptadas de manera inmediata.
El primer planteo es que sean exceptuados de las retenciones del Impuesto a las Ganancias. Más concretamente, piden que “los servicios de las distintas actividades e instituciones como sanatorios, clínicas, servicios de internación domiciliaria y emergencias, atención ambulatoria realizados por médicos, prácticas de diagnóstico y tratamiento y todos los servicios relacionados con la salud humana, queden exceptuados del Régimen de Retención en el Impuesto a las Ganancias establecido por la Resolución General 830/2000 (AFIP), durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria decretada en el país por el Dec. N° 206/20”.
Las otras 11 medidas, que tanto el Garat como la entidad concordiense que integra hacen suyas, han sido formuladas por las cámaras prestadoras del sector, tanto público como privado. Entre ellas: la Cámara de Entidades Prestadoras de Salud (CEPSAL) , la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), la Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria (FEM), la Federación Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA), la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (CONFECLISA).
- Dar libre disponibilidad para la utilización de los saldos técnicos no computables de IVA, generados por la exención de IVA a las obras sociales y prepagas;
- No aplicar IVA en la importación directa de bienes de capital, insumos médicos y medicamentos dado que se acumulan como créditos no recuperados;
- Eximir del impuesto a las ganancias lo pagado por las familias en concepto de cuota a las empresas de medicina prepaga o adicionales de aportes;
- Nivelar el impuesto al cheque a la alícuota de las obras sociales lo cual implicaría pasar la alícuota de 1,2% a 0,5%;
- Adecuar el momento de pago de las contribuciones patronales con el momento de cobro por parte de los prestadores médicos de las facturas que le emiten a las obras sociales y prepagas;
- Tender hacia la eliminación del impuesto a los ingresos brutos provinciales y las tasas de comercio e industria municipales a los financiadores y prestadores privados de la salud;
- Creación de un contrato laboral especial para las relaciones entre las instituciones prestadores y los profesionales en ejercicio liberal de la medicina; Sustituir en la definición de PYME a la variable personal ocupado por número de camas en el sector médico prestador;
- Establecer un arancel cero a la importación de bienes de capital e insumos específicos para la atención médica que no se produzcan en el país;
- Exclusión del régimen de factura de crédito para empresa del sector salud;
- Adelantar la unificación de la alícuota de contribuciones patronales a 19,5 para todos los empleadores, la cual está pautada para el año 2022;
- Prórroga de la emergencia sanitaria y moratoria especial con reducción de intereses resarcitorios, plazos extendidos y eximición de sanciones.
