Así, los integrantes del bloque del Partido Justicialista en el Concejo Deliberante de Concordia sientan posición tras haber tomado conocimiento “de la existencia de una denuncia por un supuesto caso de acoso sexual, que recae sobre un empleado de plante permanente del municipio”, indicaron.
Rápidamente, preservando la identidad del acusado, marcaron que se trata de “un allegado directo a una importante funcionaria con alto cargo en el Ejecutivo encabezado por el doctor Francisco Azcué”. Es decir, los ediles peronistas marcan cercanía entre el denunciado y la gestión actual.
“Lo que exigimos son gestos políticos claros para mantener una política transparente en la materia”, dijeron en la misiva del bloque integrado por Pablo Bovino, Claudia Villalba, Guillermo Satalía Méndez y María Carolina Amiano. También repasaron las acciones que, en la materia, concretó la gestión de Enrique Cresto.
Por último, pidieron: “solicitamos al Intendente de la Municipalidad de Concordia, informe sobre la situación actual del tratamiento de este caso en particular y el accionar concreto en intervención psicológica y jurídica del área de Gestión Preventiva de este Municipio a su cargo”.
El comunicado completo, recibido por El Entre Ríos, a continuación:
"Las Concejalas y Concejales del Bloque Justicialista, habiendo tomado conocimiento de la existencia de una denuncia por un supuesto caso de acoso sexual, que recae sobre un empleado de planta permanente del municipio, allegado directo a una importante funcionaria con alto cargo en el Ejecutivo encabezado por el Dr. Francisco Azcué, y atendiendo a la necesidad de dar una respuesta coherente con los principios que desde nuestro bloque se mantienen en relación a situaciones de esta temática, estimamos conveniente, que conjuntamente con los antecedentes penales que el señor intendente ha solicitado de sus funcionarios, incluidos nosotros mismos, se realice también la solicitud de informes al REJUCAV (Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia) del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
Ante hechos de índole similar nuestra postura fue contener y trabajar con la denunciante existiendo un protocolo de contención psicológica y emocional y por supuesto, hacer cumplir de manera estricta y rigurosa las medidas impartidas de forma inmediata por la justicia (prohibición de contacto por cualquier medio, acercamiento, etc.)
Lo que exigimos son gestos políticos claros para mantener una política transparente en la materia, recordando que en la gestión anterior se hizo un protocolo, se instrumentó un refugio como la Casa de la Mujer para las víctimas, se logró instalar la fiscalía de género, se brindó el servicio del botón antipánico, la licencia por cuestiones de género y se realizaron capacitaciones en el marco de la Ley Micaela, dirigida a funcionarios públicos municipales.
Es por eso que solicitamos al Intendente de la Municipalidad de Concordia, informe sobre la situación actual del tratamiento de este caso en particular y el accionar concreto en intervención psicológica y jurídica del área de Gestión Preventiva de este Municipio a su cargo".
