La formalización de la elevación de la causa del robo de armas a juicio será resuelta en los próximos días por el juez Ruhl, y en esa instancia, las partes adelantaron que habrá un número importante de testigos: 60 por parte de la Fiscalía, y 15 por la defensa.
Al fiscal Aramberry le tocó fundamentar la acusación, y dijo que "durante dos años, entre 2014 y 2016", Vitali, en su calidad de perito balístico de Tribunales, se las ingenió para sacar armas del depósito judicial de Tribunales, comercializarlas y recibir por esa transacción su respectiva compensación económica. En el período investigado, se sustrajeron de Tribunales 72 armas, que luego se comercializaban en el circuito ilegal, por lo que Vitali quedó imputado del delito de peculado.
Esa causa se abrió a principios de 2016, cuando personal de la Comisaría Cuarta secuestró durante un operativo un arma que debía estar en un depósito judicial. Luego de las pericias de rigor, se probó que el arma de fuego tenía que estar en Tribunales, ya que había sido incautada en otra causa.
A partir de ese dato, el fiscal Aramberry comenzó a investigar cómo las armas secuestradas volvían a circular en ámbitos delictivos. Para ello solicitó una serie de allanamientos, en los domicilios de los acusados y sospechosos, que se dieron entre el 5 y el 9 de mayo de 2016.
La investigación llegó hasta el perito oficial del STJ y otros agentes judiciales con acceso a las armas secuestradas en Tribunales. La acusación de la fiscalía es que Vitali sustraía armas junto a Mauro Maximiliano Bertoni, empleado judicial del Departamento Médico Forense, quien se encargaba de distribuirlas a terceros para venderlas.
En diciembre de 2016 el juez de Garantías Nº 2 de Paraná, José Eduardo Ruhl, condenó a Bertoni a 3 años de prisión de cumplimiento condicional, e inhabilitación absoluta, luego de que el imputado alcanzara un acuerdo con la fiscalía tras reconocer que vendían las armas en el ambiente delictivo. El mismo acuerdo fue firmado por Eduardo Ramón Borgogno. En tanto, Mario López Alonso, acusados de conseguir clientes y gestionar la venta y cobro de las armas sustraídas, acordó un año y seis meses de prisión condicional.
Los imputados admitieron que, "luego de ser detraídas, las armas de fuego eran entregadas" por Bertoni a Borgogno y López Alonso, "para que éstos las vendieran a personas que carecían de la condición de legítimo usuario". También se los acusó de repartir el dinero producto de esas ventas entre los tres condenados, y que otra parte iba a Vitali.
De ese acuerdo entre acusados y fiscalía no participó el perito Vitali, cuya causa ahora se remite a juicio oral.
No es la única investigación que pesa sobre el perito. Ya fue procesado el 23 de agosto por el juez de Transición Nº2, Pablo Nicolás Zoff, en otra causa por el supuesto robo de armas ocurrido entre los años 2008 y 2011. Ese expediente resurgió cuando el perito fue imputado en 2016 por la causa que ahora va camino a juicio.
Se trata de armas que habían sido entregadas a Vitali por el Juzgado de Instrucción Nº2 de Concepción del Uruguay, entonces a cargo de Mariano Martínez, hoy integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de esa ciudad. En marzo de 2011, el juez le solicitó al perito que devuelva las armas, y Vitali presentó un acta de entrega a un funcionario policial que nadie pudo localizar. El acta y el recibo del juzgado presentaban irregularidades, según un peritaje.
Esta causa, que se tramita en el Código Procesal Penal anterior, está a cargo de la fiscal Laura Cattáneo, quien le imputó al perito, además de la sustracción de armas, la falsificación de un documento judicial mediante una "técnica de collage a la que luego le sacó fotocopia, haciendo aparecer como que él mismo se había librado en los autos mencionados y ordenaba la entrega de las armas a la comisión policial que designe la Jefatura de policía de Concepción del Uruguay; pretendiendo con esas maniobras de falsificación engañar al organismo judicial y lograr la impunidad por la sustracción que había consumado".
Las armas sustraídas, que se encuentran identificadas en el legajo, son 5: una escopeta, calibre 22, marca "Amadeo Rossi SA 12 GA. Full; una carabina semiautomática, calibre 22 Magnum, marca "The Marlin Firearm Md Nort Haven Ct-USA", con mira telescópica; una carabina calibre 22 Magnum, con mira telescópica; una carabina calibre.44-40, marca "Winchester", modelo "1892", industria estadounidense, con mira telescópica; y una carabina semiautomática calibre 22 largo, marca "Norinco" modelo "JW-20", industria china, con mira telescópica marca "Silver Antler".
Violencia de género
Pero la situación del experito se complejiza todavía más si se tiene en cuenta que carga con una causa por violencia de género, que este lunes se debatió en la misma sala, frente al mismo juez Ruhl, luego de concluido el primer trámite: el pedido de elevación a juicio de la causa por el robo de armas.
En esa causa, el juez Ruhl le dictó el 23 de octubre último la prisión preventiva por 90 días y lo envió a la Unidad Penal N° 1.
El perito fue detenido el viernes 20 de octubre en el marco de una causa por violencia de género, a cargo de la fiscal Fernanda Rufatti, quien solicitó allanar el domicilio de Vitali, en calle Fraternidad Nº 1617. En la vivienda se secuestraron 9 celulares y un arma de guerra, sin documentación pertinente, y con la numeración limada. Después, se descubrió que también es un arma que debía estar en el depósito de Tribunales.
En esa causa de violencia de género, que se encuadró en el delito de extorsión, la fiscal Fernanda Rufatti, dijo que Vitali hostigó a una funcionaria policial, cuyas iniciales son IGJ (no se da el nombre para proteger su identidad), a través de mensajes de texto en los que le profirió todo tipo de amenazas e improperios.
En el allanamiento que hubo en la casa de Vitali en el marco de esa investigación, se secuestró no sólo el celular de Vitali, sino de todo el grupo familiar. En la audiencia de este lunes, los defensores Petenatti y Vernengo cuestionaron que la Justicia se haya llevado todos los teléfonos y no sólo el del imputado.
Los defensores cuestionaron que se vayan a peritar todos los teléfonos, por cuanto, dijeron, "no guarda pertinencia con el hecho". "Se mencionan dos líneas. La denunciante hace referencia a un celular. Da la línea. No hay otras líneas involucradas en este caso. De otro modo, se ingresa en la privacidad y la intimidad de todas las conversaciones que tiene el imputado", justificaron los defensores.
Además, señalaron que en el teléfono celular secuestrado a Vitali hay conversaciones del imputado con sus abogados defensores. "Avanzar en un peritaje sobre las conversaciones de los tres abogados defensores con su defendido es afectar el derecho de la defensa en juicio y la privacidad entre el imputado y sus abogados", apuntaron.
El juez Ruhl hizo lugar parcialmente al planteo. "El procedimiento del secuestro es legitimo. Es una prueba obtenida legítimamente. Esa prueba puede ser sometida a pericia", evaluó el magistrado.
Pero aclaró que los peritos que periten los teléfonos "deben circunscribirse al objeto procesal". Y dijo el juez que los peritos "no podrán, bajo ningún punto de vista, extraer conversaciones, mensajes, whatsapp, que se hayan producido entre los señores defensores y el imputado, bajo apercibimiento de ley".
"Con esto –dijo Ruhl– ratifico la autorización para realizar las pericias sobre los teléfonos incautos en el domicilio de Vitali, con la salvedad expuesta".
