A esa instancia se llega luego de un pleito que inició Dolores Etchevehere a través de sus abogados para apartar a los dos fiscales de la causa, Oscar Sobko y María Constanza Bessa. Pero esa estrategia no prosperó. El caso se desató de la espectacular ocupación de Dolores junto a militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de Juan Grabois, del campo Casa Nueva. El hecho ocurrió el 15 de octubre de 2020. Sus hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, más su madre desplegaron movilizaciones multitudinarias para exigir el desalojo hasta que consiguieron que el 29 de octubre de ese año la camarista María Carolina Castagno ordenase el desalojo.
El 4 de junio de 2021, a casi un año de los hechos, los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, de la Unidad Fiscal de La Paz, solicitaron la remisión de la causa a juicio, con un pedido de condenada de un año de prisión condicional –no irán presos- para Dolores y también para el abogado Facundo Taboada.
La audiencia será ante el juez Walter Carballo; y participarán de la misma los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa; los defensores de Dolores y Taboada, Lisando Mobilia, Patricio Cozzi y Daniel Verón; y los querellantes Rubén Pagliotto y Damián Petenatti. En esta instancia se abordarán los expedientes «Etchevehere Dolores-Taboada Facundo s/ usurpación» y «Etchevehere Dolores s/ desobediencia judicial».
Acusaciones que enfrenta Dolores
La dirigente de Proyecto Artigas está acusada de haber tomado ilegalmente la estancia Casa Nueva, propiedad de la firma Las Margaritas SA, que dirige su madre Leonor Barbero Marcial. Dolores defendió –y defiende- la toma asegurando tener derechos hereditarios sobre la propiedad, que perteneció a su padre, Felix Etchevehere, quien murió en 2009.No obstante, la Fiscalía entiende que Dolores “carecía de todo derecho para esa toma de posesión, ya que no tenía derechos hereditarios sobre la propiedad, al haber cedido su parte en forma onerosa con anterioridad”.
En el escrito elevado por los fiscales al juez, indican que el 15 de octubre de 2020, aproximadamente a las 11, Dolores y Taboada ingresaron a la estancia exigiéndoles a los empleados que entreguen las llaves de la puerta de ingreso a la casa principal. Precisan que el pedido se lo formularon a la empleada Ramona Rodríguez, a quien además, según la Fiscalía, amenazaron con “que debería retirarse en minutos, en caso de no otorgar las mismas” y que ante su negativa “ingresaron a su vivienda -sita en el mismo establecimiento- y tomaron un grupo de llaves que había colgadas en el comedor del domicilio”.
También señalan que “habiendo abierto -sin violentar- una de las ventanas de la casa principal, ingresaron a la misma, habitando esas instalaciones hasta el día 29 de octubre de 2020; además de realizar trabajos en la tierra, modificando la explotación ejercida sobre el establecimiento; y comunicarles a los trabajadores Ángel Martínez, Ramona Rodríguez y Osmar Barreto, los lugares a los que no podían dirigirse o transitar, impidiendo así el normal desenvolvimiento de su trabajo, e intimidándolos”.
Luego resaltan que “todo lo narrado fue efectuado en conocimiento de carecer de derechos sobre el Establecimiento Rural Casa Nueva, sobre el cual se ejercía la pacífica tenencia y explotación agrícola, tambera y ganadera, por parte de la entidad Las Margaritas S.A.».
El segundo hecho se le imputa sólo a Dolores, y tiene que ver con haberse opuesto a abandonar la estancia tras la orden judicial del 29 de octubre emanada por la jueza Castagno. Por esa actitud, la dirigente fue detenida.
