“El retraso en el pago de las prestaciones que se otorgan a las personas con discapacidad se ha profundizado en los últimos meses, lo cual en un contexto de altísima inflación atenta contra derechos básicos y pone en riesgo puestos de trabajo de cientos de personas”, planteó el legislador radical, al tiempo que remarcó la responsabilidad del Estado nacional. “Desde el momento en que se hace la prestación -aseguró-, es la Agencia Nacional de Discapacidad quien transfiere los fondos a la Superintendencia de Servicios de Salud y luego esta entidad es la que ejecuta el pago a través de las obras sociales provinciales o el PAMI”. En el caso del Programa Federal “Incluir Salud”, que abarca a beneficiarios de pensiones no contributivas, “los fondos llegan y se ejecutan directamente desde Nación a través de las unidades provinciales”, según Solari.
“En este contexto de crisis económica y social, no podemos permanecer impávidos ante este reclamo que familias, profesionales y trabajadores vienen llevando adelante en distintas ciudades de Entre Ríos y de la Argentina, quienes denuncian que este ajuste progresivo pone en severo riesgo la continuidad de los servicios para personas con discapacidad”, sentenció.