La norma contempla la adhesión de la provincia a las leyes nacionales 27.372 y 27.375, la creación de un nuevo Juzgado de Ejecución de Penas con asiento en Concordia (que se suma al de Paraná y el de Gualeguaychú) y cuestiones de procedimiento relacionadas con las competencias que tiene el juez.
El proyecto dispone que el magistrado “debe autorizar las salidas transitorias de los internos, la semilibertad, libertad condicional y libertad asistida, previa realización de un informe por parte del Equipo Técnico del Juzgado, el que debe resultar favorable para su concesión, caso contrario se deberá garantizar la realización de un nuevo informe en las condiciones que fije la reglamentación para la concesión del beneficio”, había explicado en su momento el entonces presidente de la Comisión de Legislación General de Diputados, Diego Lara.
El tema tomó trascendencia tras el feminicidio de Micaela García en manos de Sebastián Wagner, quien había sido liberado por el cuestionado juez Carlos Rossi.
La Cámara de Diputados aprobó en julio el proyecto, que finalmente fue sancionado el 22 de diciembre por el Senado en sesión de prórroga. En esa oportunidad los senadores informantes destacaron la posibilidad de “reordenar las competencias y darle mejor tratamiento a las causas”, así como también la posibilidad de “incluir la oralidad, tanto presencial como virtual, en el proceso de ejecución” lo que permitirá “garantizar la celeridad, inmediatez y transparencia”.
La ley Nº 10866, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.
