El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER) solicitó la revisión de modificaciones propuestas al artículo 39 de la Ley Nº 5.315, por su impacto en los honorarios y las garantías de cobro de los profesionales que actúan como peritos y auxiliares de justicia.
Preocupación institucional
El CPCEER presentó, según lo comunicado a El Entre Ríos, una nota ante la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, dirigida a su presidente, Gustavo Hein, mediante la cual expresó una serie de observaciones al proyecto de modificación del artículo 39 del Código Procesal Laboral de Entre Ríos.
La presentación responde a la preocupación institucional por las consecuencias que algunas de las modificaciones propuestas podrían generar sobre el ejercicio profesional, particularmente para los matriculados que se desempeñan como peritos contadores en procesos judiciales laborales.
Principales aspectos planteados
Entre los puntos observados, según el mismo comunicado, el Consejo solicitó revisar tres cuestiones centrales:
Regulación de honorarios: preservar la posibilidad de considerar la significación económica del litigio, junto con la complejidad, extensión, responsabilidad y calidad del trabajo realizado.
Límites a la remuneración: eliminar el máximo uniforme de ocho juristas previsto en el proyecto, por considerar que podría resultar insuficiente para retribuir actuaciones de especial complejidad o extensión.
Garantías de cobro: mantener el mecanismo subsidiario que permite al profesional reclamar sus honorarios frente al incumplimiento del obligado al pago, evitando que una tarea efectivamente realizada quede sin remuneración.
Asimismo, se solicitó contemplar los regímenes arancelarios profesionales vigentes y resguardar los derechos correspondientes a trabajos realizados con anterioridad a una eventual reforma.
¿Por qué es importante para los profesionales?
La actuación de los peritos contadores constituye un aporte técnico fundamental en los procesos laborales. Sus intervenciones permiten, entre otras tareas, determinar diferencias salariales, verificar registraciones y pagos, calcular intereses y establecer bases de liquidación, proporcionando información relevante para la resolución de los conflictos judiciales.
En este sentido, el CPCEER considera que una regulación adecuada de los honorarios y la existencia de garantías efectivas de cobro son condiciones necesarias para el ejercicio profesional, especialmente cuando los peritos son designados judicialmente y no pueden elegir a las partes obligadas al pago.
La Institución también advirtió que una reducción significativa de las remuneraciones podría desalentar la participación de profesionales en el fuero laboral, con posibles consecuencias para la disponibilidad de peritos y la producción de pruebas técnicas.
“Evitar regulaciones desproporcionadas”
Desde el Consejo se manifestó el acompañamiento a iniciativas orientadas “a evitar regulaciones desproporcionadas y mejorar el funcionamiento del sistema judicial, siempre que estas contemplen una valoración integral de las tareas profesionales y una retribución acorde con la responsabilidad asumida”.
Solicitaron, en ese marco, que las observaciones sean consideradas durante el tratamiento legislativo y propuso una redacción alternativa del artículo 39, además de una instancia de trabajo conjunto con los Colegios y Consejos Profesionales involucrados.
“Con esta presentación, el Consejo reafirma su compromiso con la defensa de los derechos e intereses de sus matriculados, promoviendo condiciones justas para el ejercicio profesional y reconociendo el valor de su aporte técnico al servicio de justicia”, dijeron finalmente.
