En materia de gestión pública, rescató “que arribamos a fin de año sin conflictos sociales y con una provincia ordenada”. En otro orden de cosas, lamentó la muerte de un joven que había robado galletitas en un supermercado de Paraná, al parecer por un “linchamiento” de vecinos y dijo que “es una situación muy penosa”.
“Cuando se discuten cuestiones de seguridad hay que ser muy serios para evitar ese tipo de reacciones ciudadanas que son absolutamente desproporcionadas, porque nunca el valor propiedad puede prevalecer por sobre el valor vida”, sentenció.
“Hay un temperamento absolutamente equivocado de un grupo de personas que acomete contra un ser humano, aparentemente reprochándole un robo menor en un comercio, lo que es absolutamente desproporcionado. Esto hay que cuidar cuando vienen estos discursos de ley y orden que piden prisión y agravamiento de penas, y hay que ser sumamente cuidadosos porque nunca la propiedad puede prevalecer por sobre la vida que es el bien mayor que tenemos los ciudadanos”, analizó.
“No digo que no sea lógico el enojo ciudadano frente al delito y frente al robo, pero es absolutamente desproporcionado e inhumano que se acometa haciendo justicia por mano propia y mucho menos que se cobren una vida para defender tres paquetes de galletitas”, reafirmó. En cuanto a la primera información sobre una muerte natural y a las falencias del accionar policial, remarcó que “el episodio se conoció y está en investigación judicial el hecho”, pero dijo desconocer los pormenores y refirió: “Si el conocimiento del video fue el único detonante para iniciar la investigación me parece malo, conceptualmente pésimo, pero no creo que haya sido así porque una muerte siempre se investiga con profundidad”.
En ese sentido, Romero anunció: “Voy a mandar a pedir las actuaciones de la policía que fueron elevadas al fiscal, para analizar el personal policial vinculado al procedimiento para ver cómo actuó”.
En ese contexto, reflexionó que las últimas medidas nacionales vinculadas a seguridad “tienen mucho que ver” en estas cuestiones. “Hemos tenido como olas en los episodios de inseguridad, como fue una época en que vivíamos el robo de pasacassettes de los autos y donde por poco no había un reclamo de matar a las personas que robaban un aparato de esos, y de algun modo la justicia, las fiscalías, la gente de derechos tuvimos que pedir que se termine con esto porque se comparaba una situación de robo, que molesta y disgusta, con la vida”.
“En ese momento hubo una reflexión sobre el tema y un temperamento pacificador del sistema judicial, que siempre debe existir y nunca se puede reemplazar el valor vida por otros valores de menor jerarquía. Tiene mucho que ver el que desde los ejemplos más importantes, de quienes transmiten valores –y los gobernantes están entre ellos- que se digan cosas irresponsablemente. Estamos todos contra el delito y nadie quiere defender a quien delinquen, pero también hay que decir con toda claridad que hay un sistema de normas desde que tenemos una Constitución que defiende la inocencia de la persona y si vemos que la persona está delinquiendo hay que hacer un proceso para juzgarla”, sentenció.
Al respecto, definió que “nunca la justicia por mano propia es una buena justicia, nunca es justicia porque hemos delegado en el Estado ese juzgamiento. Por eso no se pueden justificar estos episodios donde la gente toma a patadas a un joven y se cobra una vida, o la pone en riesgo, para defender tres paquetes de galletitas”.
Lo mejor del año
En otro orden de cosas, Romero destacó que, a su entender, lo más importante de este 2018 en materia de gestión pública “ha sido que arribamos a fin de año sin conflictos sociales, con una provincia ordenada y desde el Ministerio con logros que podemos medir con resultados, como la ley de narcomenudeo instrumentado en mayo, mejora en los Registros de la Propiedad que teníamos en crisis en la provincia y equipamiento para los mismos; se mejoró sensiblemente Personas Jurídicas y en general se viene trabajando en la situación de las cárceles”.Al respecto, detalló que “hay construcciones en Paraná, Concordia y se terminaron ampliaciones en Concepción del Uruguay y Victoria”, aunque reconoció que “es una materia pendiente para ponerle mucha intensidad el año que viene”.
Agregó que respecto de la provincia en general “se podría destacar que a pesar de la crisis que se generó en Argentina luego de la enorme devaluación de mediados de año, la provincia ha sostenido sus servicios estatales con dignidad y tranquilidad, sosteniendo partidas difíciles como son los fondos de Desarrollo Social, de Salud, de seguridad, a pesar de la enorme devaluación”.
Contratos truchos de la Legislatura
Consultada respecto de la investigación por desvío de fondos mediante contratos truchos en la Legislatura provincia, Romero recordó que “hubo una etapa, hace 25 o 30 años, en que los criminólogos críticos de Argentina hacían oír su voz diciendo que el sistema penal solamente atrapaba a los pobres, y eso fue cambiando, se avanzó mucho y hoy el sistema penal no solamente mira a sectores vulnerables sino que mira a la sociedad y está involucrándose en Entre Ríos y en Argentina con delitos económicos y con delitos del poder”.Aseguró que “esa evolución es buena para el país pero dolorosa en los sectores del poder y sectores medios que no estaban acostumbrados a que la mano de la ley o del sistema penal llegue a su sector. En mi carrera, difícilmente una causa penal podía involucrar a un empresario en una causa por evadir impuestos”, y en ese sentido mencionó la denominada causa ATER “donde se falsificaban constancias de pago y que está por ser elevada a juicio, que involucra a funcionarios públicos y a empresas o empresarios”.
“En esa evolución tenemos que inscribir que haya Fiscalías investigando delitos de corrupción en Entre Ríos y en todo el país. Ha sido una evolución buena del sistema penal argentino y los funcionarios públicos tenemos que acostumbrarnos a ser investigados, examinados, requeridos y tenemos que acudir a los espacios judiciales cuando requieren información y que estemos a disposición”, sentenció.
En cuanto a la causa propiamente dicha, sostuvo que “hay que ser muy respetuosos, hay que dejar actuar al sistema judicial con la mayor tranquilidad posible y no enturbiar desde el poder político las investigaciones que se están llevando a cabo, para que triunfe la verdad, y esto no significa condenar de antemano”.
Sobre los mecanismos del poder político para dilatar o conspirar contra la investigación afirmó que “el sistema judicial tiene la suficiente fortaleza en Entre Ríos para resistir cualquier embate que intente debilitar una investigación; el camino es la defensa en el marco de la ley y dejar actuar a la justicia con la menor interferencia posible”.
