Antes de resolver sobre el tema, el Concejo convocó a las partes involucradas para que expresaran respectivamente su posición, lo cual se vio concretado durante una reunión que se realizó el 27 de julio. En paralelo, la viceintendenta promovió la denuncia por las supuestas irregularidades, haciéndose eco de las versiones según las cuales un ambientalista y guardaparque de la reserva natural, Jaime Borda, habría adulterado documentos cuando trabajaba en la municipalidad para que las tierras figuraran como propiedad del municipio y no del club.
Sin embargo, la fiscal María Noelia Batto desestimó la denuncia. “Habiendo examinado el presente legajo, debo adelantar que, a criterio de la suscripta, no existen elementos suficientes que permitan inferir la comisión de un ilícito penal, pues nos encontramos con que el conflicto denunciado resulta exigible desde otro fuero, más precisamente desde el fuero civil”. El conflicto sigue abierto y se espera que el Concejo Deliberante se expida. Borda, titular de la ONG Arroyo Perucho Salvaje, aseguró que la propuesta de los ambientalistas es que el Estado municipal entregue otro terreno al club San Martín, que no sea dentro del valle de inundación, de manera de dar por concluida la disputa.
“Estamos hablando de que quieren desafectar un humedal, un terreno inundable. Además, el intendente propuso que el personal municipal no trabaje más ahí por el simple hecho de que sería un lugar privado. Desde luego que nosotros no estamos en contra de la canchita, estamos en contra del mal manejo, porque previamente el municipio también les había dado un lugarcito al lado de la reserva y ellos hicieron un espectáculo y nos rompieron todo”, dijo el guardaparque.
