¿Qué son las paritarias? Según una definición de diccionario, una asamblea paritaria está constituida por distintas partes con paridad o igualdad en el número y derechos de sus miembros. Vale remarcar esa característica esencial: “paridad”. Especialmente, paridad entre trabajadores y patrones.
¿Tienen “paritaria” los judiciales entrerrianos? No, al menos en los últimos 10 años. Ello en razón de que, allá por el 2011, siendo gobernador Sergio Urribarri, fue aprobada la llamada “ley de enganche” salarial con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Gracias a esa norma, los judiciales “ataron” sus ingresos a los porcentajes de actualización que fijaba el máximo tribunal del país, por lo que ya no fue necesaria negociación alguna. Bien pudo llamarse también “ley de desenganche”, puesto que “engancharon” su suerte salarial a las determinaciones de la Corte a la par que la “desengancharon” respecto de la realidad económica de la provincia.
Nobleza obliga introducir una aclaración: las “paritarias” previas al “enganche-desenganche” conseguido en 2011 tenían una singularidad. Es que la cabeza del Poder Judicial, el Superior Tribunal de Justicia, siendo el “patrón” de los empleados del sector, a diferencia del “patrón” Poder Ejecutivo, casi no dispone de ingresos propios. Es por eso que el STJ, en los hechos, en el proceso de negociación terminaba quedando en el medio –como el jamón del sándwich-, entre las pretensiones de sus empleados y lo que el ministerio de economía estuviera dispuesto a conceder.
El enganche que en 2011 vino a terminar con aquella experiencia “pseudo paritaria” rigió por casi una década, hasta que, Pandemia mediante, en 2020 el gobierno de Gustavo Bordet parió la llamada “Ley de Emergencia Solidaria”, que suspendió el “acople con la Corte” y volvió a “subordinar” los salarios judiciales a las disponibilidades presupuestarias del Estado provincial.
Algo que quedó más que en evidencia cuando el lunes último los vocales del STJ Martín Carbonell y Emilio Castrillón, el Procurador Jorge García, el Defensor Maximiliano Benítez, más las cúpulas de la Asociación de Magistrados y del sindicato AJER debieron sentarse a dialogar con el ministro de Economía, Hugo Ballay, para ver qué pasará con sus salarios.
Según trascendió, en la reunión, que formalmente no fue "paritaria" propiamente dicha pero se le pareció, el gobierno les habría propuesto un aumento “atado” a lo que acuerden los gremios estatales. Es decir, 15 por ciento en un primer tramo y 30 en todo el año, y está por verse si esos porcentajes absorben las sumas fijas no remunerativas ya otorgadas.
Como sea, la máxima novedad no está en los números solamente sino en un cambio más profundo en la relación del Poder Judicial con el gobierno de turno. Por lo bajo, en tribunales hay funcionarios que expresan malestar, convencidos de que se vive un evidente retroceso de la independencia de la Justicia, un intangible imposible de cuantificar, cuya existencia suele ponerse en duda por las demoras que experimentan de manera especial algunas causas ligadas a la corrupción.
Es cierto que las afirmaciones de las personas deben ser entendidas en el contexto histórico en que han sido formuladas. Hecha esta salvedad, ¡¿cómo no recordar cuando la entonces presidenta del Superior Tribunal de Justicia –hoy vocal-, la doctora Claudia Mizawak, defendía la ley de enganche considerándola una pieza clave para la “independencia del Poder Judicial”?!
En una entrevista a fondo con El Entre Ríos, allá por el año 2016, Mizawak sostuvo que la Justicia entrerriana logró "mayor independencia, categóricamente" gracias a la Ley 10068. Es más, se preocupó por aclarar que el "enganche con la Corte" no fue producto de una negociación secreta ni espuria sino el resultado final de 6 meses de trabajo de la "Mesa del Consenso Salarial", donde confluyeron el sindicato (AJER), la Asociación de Magistrados, dos vocales del Superior Tribunal de Justicia y representantes de los dos ministerios públicos, la Procuración y la Defensoría.
También catalogó al “enganche” como sinónimo de "autonomía presupuestaria", porque dejó atrás las desgastantes pujas con los empleados y con el Ejecutivo para actualizar los salarios. "¿Usted sabe lo que es todos los años estar discutiendo cuánto se aumenta y, en tiempos de mayor inflación, cada tres meses?", disparó.
¿Mantendrá hoy Claudia Mizawak aquella mirada de 2016? ¿La harán suya sus colegas vocales del STJ, ante la suspensión del “enganche” y la vuelta al “llano” de las paritarias? ¿Sentirán que perdieron “independencia” y “autonomía”? ¿Encontrarán razonable y justificado este “retroceso” por la crisis que desató la Pandemia, que ha impactado en amplios sectores de la sociedad y se ha reflejado en las estadísticas de pobreza e indigencia? ¿Y cuál será la mirada del funcionariado, jueces, fiscales, defensores y empleados?
Una primera respuesta asoma en el pedido que formuló en la reunión del lunes la Asociación de Magistrados: que vuelva el “enganche”. ¿Volverá? Está por verse.
Hay un detalle imposible de obviar: Desde que se suspendió el “enganche”, la Corte ya autorizó dos incrementos del 10%. ¿Se volverán algo así como un “ahorro forzoso” para los judiciales?, ¿o tendrán que olvidarse definitivamente de esos y de los futuros aumentos que otorgue el máximo tribunal del país?
