La mañana del viernes 12 de noviembre de 2010, el exgobernador Sergio Urribarri se subió al estrado de los supremos y se puso de pie junto a la entonces presidenta del Superior Tribunal de Justicia (SJT), Leonor Pañeda, y escuchó el juramente de ese hombre canoso que llegaba para integrar el máximo tribunal, tras la jubilación de Juan Carlos Ardoy.
El concordiense Juan Ramón Smaldone juró de modo previsible, por Dios, la Patria y estos Santos Evangelios, y no se sabe si por oficio de Dios, la Patria o estos Santos Evangelios, pero su trayectoria en la Justicia le ha resultado fructífera a su entorno familiar.
Su otro hijo, Tomas, del círculo íntimo de Mauro Urribarri, acaba de ser designado al frente de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Gobierno.
La esposa del titular del Tribunal de Cuentas es María Josefina Pace, relatora de la Sala 3 del Trabajo del Superior Tribunal de Justicia (STJ). En tanto, Mercedes Iturburu, esposa de Tomás Smaldone, es asistente de su suegro, Juan Ramón Smaldone, en la Sala 2 Civil y Comercial del STJ.
Pace, además, pasó a integrar desde junio último la lista de los 12 conjueces aprobados por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. En esa lista de conjueces, además de la esposa del presidente del Tribunal de Cuentas, están, entre otros, el exintendente de Paraná, José Carlos Halle; y el adjunto de la Fiscalía de Estado, Sebastián Trinadori.
Una brasa caliente en el STJ
Pero el afincamiento de los Smaldone en el Estado no ha sido gratuito.
No bien Guillermo Smaldone desembarcó con sus petates en el Tribunal de Cuentas, Juan Carlos Arralde, exsenador y exconvencional constituyente, inició una demanda de inconstitucionalidad por ese nombramiento ante el STJ.
Arralde entendió que el modo cómo llegó Smaldone al Tribunal de Cuentas violó los principios constitucionales, y demandó al Gobierno respetar los pasos que indica la Carta Magna.
Es decir, pidió que el cargo se concurse, y que no sea haga del modo veloz como se hizo: enviar un pliego al Senado, donde consiguió la aprobación sin más trámite.
En su presentación ante el STJ, planteó que se declare "formalmente la inconstitucionalidad e invalidez" de la designación de Smaldone, y que se ordene al Poder Ejecutivo reglamentar el artículo 217 de la Constitución de Entre Ríos para llenar la vacancia del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, tras la salida de Hugo Molina, mediante el sistema de concurso público.
El escrito judicial de Arralde pidió "la declaración formal de inconstitucionalidad de la mencionada propuesta en tanto intenta encumbrar al mencionado Smaldone en la Presidencia del mencionado tribunal sin llenar el requisito previo del concurso público impuesto por el artículo 217 de la Carta Provincial y violando así a las claras una disposición constitucional de altísima trascendencia institucional".
Esa demanda, va de suyo, todavía no ha sido resuelta por el STJ, y es, a opinión de muchos, una brasa caliente que los supremos demoran en tramitar.
Desde el 18 de febrero de 2015, hace casi un año, la causa está a despacho de los nueve vocales del Suprior Tribunal para dictar sentencia.
La sentencia, claro, todavía no se dictó.
"Está el voto de la mayoría, pero faltan los votos de Perotti y de la presidenta del Tribunal", contó una fuente.
El primero en votar fue el vocal Carlos Chiara Díaz, y la más remolona resultó la vocal Susana Medina de Rizzo, que tuvo el expediente en su despacho durante largos cinco meses.
Esa demora llevó a Arralde a presentar un pedido de pronto despacho, pero ni aún así consiguió celeridad en los supremos.
De los nueve vocales del STJ, dos se excusaron de intervenir. Smaldone padre, por una cuestión lógica: se debate el nombramiento de su hijo en el Tribunal de Cuentas.
La segunda excusación fue la del vocal Germán Carlomagno por una relación de cercanía familiar: María Josefina Pace, esposa del funcionario cuya designación se cuestiona, es relatora en la Sala 3 del STJ que integra.
Esos dos vocales que se excusaron fueron suplidos por los jueces Miguel Ángel Giorgio y Hugo Daniel Perotti.
Todas las miradas apuntan ahora a Perotti, que debe decidir sobre un recurso de inconstitucionalidad contra el Poder Ejecutivo y, a la vez, espera que el Senado apruebe su pliego para convertirse en vocal de la Cámara de Casación Penal.
"Su voto puede ser una moneda de cambio", dicen fuentes ligadas a la causa.
A principios de diciembre, cuando expuso ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que trata su pliego, Perotti se movió con sigilo, y dijo que el proceso de selección de magistrados a través del Consejo de la Magistratura tiene bondades "en las que creo" lo que aporta a un proceso trasparente, lo que da, a quienes pasan por estas instancias, mayor legitimidad ante la sociedad.
Un guiño para que el Senado apruebe su pliego.
Mientras, hay otros que miran con expectación de qué modo votará en la demanda por inconstitucionalidad de la designación de Smaldone hijo.
