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Así dejó al exgobernador y su entonces ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, entre otros imputados, el rechazo del planteo de excepción por falta de acción del juez Ricardo Bonazzola. La excepción de falta de acción supone que el Ministerio Público Fiscal no tiene legitimidad para investigar el “Sueño entrerriano” porque las rendiciones de esas contrataciones fueron aprobadas por el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la provincia. Por lo tanto, el exmandatario debería ser sobreseído.

El magistrado consideró que sería “prematuro” atender el planteo de los abogados defensores, resaltó que “la fiscalía ha ofrecido un gran número de testigos y piezas documentales, pruebas que solo han de alcanzar esa calidad en el debate” y, por lo tanto, sostuvo que la causa debería seguir su curso, “como pretende la acusación pública”. De hecho, resaltó que en un juicio podría darse “el justo valor probatorio a los fundamentos defensistas vinculados a la aprobación de las cuentas públicas”.

Los abogados Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, defensores de Urribarri, adelantaron que apelarán la resolución judicial. Hará lo propio Ignacio Díaz, representante de Báez.
Hasta 9 años de prisión
El exgobernador deberá responder por el desvío de 47 millones de pesos para la promoción de su figura como precandidato presidencial. Está acusado por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, y los fiscales adelantaron que podrían pedir una pena de nueve años de prisión. Los mismos delitos se le atribuyen a Báez, para quien podrían pedir que sea condenado a ocho años de cárcel.

Concretamente, se le atribuye el uso de fondos públicos para la publicación, en junio de 2014, de una solicitada en 18 diarios nacionales para que todos los sectores se unan contra los “fondos buitre”, por la que se pagaron 4 millones de pesos; también por la contratación que hizo con la productora Nelly Entertainment por un monto de 28 millones de pesos, en el marco de la Cumbre del Mercosur que se desarrolló en Paraná en diciembre de 2014; y por la instalación del parador playero en Mar del Plata, en el verano de 2015, por el que se pagaron 15 millones de pesos.
Los demás imputados
Para la instalación del parador, el Ministerio de Turismo de la provincia, entonces a cargo de Hugo Marsó, contrató a la empresa “El Juego en que andamos” SRL, a la que se le abonaron 14.561.870 pesos. Su rol es considerado preponderante porque fue quien “interesó” a Urribarri para realizar la contratación e inició el expediente administrativo. En su caso, los fiscales adelantaron que pedirán que sea condenado a cuatro años de prisión.

En la causa también está imputado Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que habría cobrado una coima por la instalación del parador playero; la contadora Corina Cargnel, de las empresas TEP SRL y Next SRL, a través de las cuales se habría triangulado el dinero de esas coimas; y el empresario Gerardo Caruso, que montó el parador en Mar del Plata. Para ellos, los fiscales pedirán condenas de ocho a cuatro años de prisión.

En tanto, los exfuncionarios Hugo Félix Céspedes, excoordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur; y Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de esa comisión especial, también están acusados por las contrataciones de publicidad y los fiscales pedirán condenas de cuatro años de cárcel para ellos.

En la causa también estaba acusado el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, que también estaba imputado y acordó la suspensión del juicio a prueba por un año y el pago de un resarcimiento al Estado de 150 mil pesos en doce cuotas iguales y consecutivas. También debe realizar campañas de bien público en beneficio del comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos, a modo de canje, a través de la cuenta de Instagram de la conductora Verónica Lozano, su pareja, y también en el programa “Cortá por Lozano” (Telefé).
Fuente: Entre Ríos Ahora

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