Desde su área de prensa, la comuna de Estancia Grande se apuró a comunicar la “buena nueva”, resaltando que la condena quedó suspendida”, en tanto y en cuanto “se admitió el recurso de inaplicabilidad de ley”, que deberá “ser resuelto por el Superior Tribunal de Justicia de Paraná”.
Contradictorio resulta un párrafo siguiente del comunicado del municipio, porque resalta que lo dispuesto en la sentencia que acaba de ser suspendida ya fue cumplido por la gestión de Goldin. En especial, enfatiza que la gestión comunal procedió a “realizar un curso de capacitación para todo el personal” y a “otorgarle trabajo”, tal como se lo ordenaba el fallo de primera instancia.
Muy diferente fue la reacción de la abogada defensora de la víctima, la doctora María de los Ángeles Petit. En un comunicado, disparó: “El recurso presentado por el intendente de Estancia Grande obedece más a un objetivo político que jurídico”.
Explicó que la novedad surgida de la Cámara Laboral de Concordia “es un recurso de inaplicabilidad de ley que cuestiona la competencia del Juzgado Laboral de primera instancia y solicita la nulidad del procedimiento, aunque no el fondo de la causa que es la condena de violencia laboral.”
“Es un planteo –agregó- estrictamente procedimental, pero que implica, por la forma de concesión del recurso con efecto suspensivo, un grave perjuicio contra la víctima, ya que la deja desprotegida y viola directamente el derecho establecido en el inc. h) el artículo 3 de la Ley 26.485 que define que se debe garantizar a la víctima medidas integrales de asistencia, protección y seguridad”.
Petit fue aún más lejos con el rechazo a lo resuelto por la Cámara Laboral concordiense: “Esto pasa cuando no se aplica la perspectiva de género, algo lamentablemente muy común en los fueros civil y comercial y laboral, ya que no consideran el peligro que corre la victima al dejarla totalmente desprotegida”.
Por último, la abogada defensora consideró que, “más que el resultado jurídico, en realidad, el recurso interpuesto por la municipalidad tiene un objetivo político, que es lograr que la sentencia no quede firme, porque esta situación daría lugar a un planteo de incompatibilidad para ejercer la intendencia”, expresó la abogada. Y concluyó: “Es, en palabras simples, una chicana procesal, que busca paralizar la causa.”
