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Ante una sala prácticamente vacía en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), y con la sola presencia de parte de los 17 policías condenados por participar del movimiento de sedición en la jefatura de Concordia en 2013, se realizó la audiencia por el Recurso Extraordinario reclamado por los defensores que se opusieron al cambio de calificación penal y aumento de las penas, tal como había resuelto la Cámara de Casación Penal.

Tras escuchar las largas exposiciones de las partes, los vocales del STJ, Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak, informaron que darán a conocer el veredicto a los planteos, el 4 de mayo en horas del mediodía.

Los vocales escucharon los argumentos críticos para neutralizar los efectos del pronunciamiento de la Cámara de Casación Penal de Paraná, por parte del defensor oficial de Concordia, Alejandro Giorgio, junto a los abogados Guillermo Mulet; Juan José Buktenica y Oscar Bacigalupe, que plantearon la necesidad de anular lo dispuesto por los camaristas Daniel Perotti, Marcela Badano y Marcela Davite.

Con posterioridad, fue el turno del procurador general Jorge García, como de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, que reclamaron el mantenimiento de todo lo dispuesto por la Cámara de Casación Penal.
Pena de 3 a 4 años
A la audiencia asistieron 10 de los 17 policías condenados por los hechos acontecidos entre el 8 y 9 de diciembre de 2013 en Concordia, donde un grupo de uniformados que reclamaban por mejoras salariales, se acuarteló dejando a la ciudad sin seguridad y provocando hechos vandálicos, saqueos y todo tipo de situaciones delictivas por parte de la población.

El presidente del Tribunal, Carubia informó de la apertura de los alegatos en la causa “Zaragoza, Carlos Daniel y otros s/ sedición agravada, privación ilegítima de la libertad, daño calificado, peculado, lesiones leves, robo agravado en concurso ideal, instigación a cometer delitos en concurso real”.

El 8 de julio de 2015, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, compuesto por Jorge Barbagelata, Silvina Gallo y Darío Perroud, dispuso imponer penas de entre 3 y 4 años para: Carlos Daniel Zaragoza, Manuel Leando Coutinho, José María Biderbos, José Orlando Troncoso, Ricardo Hernán Paredes, Juan Pedro Lacuadra, Luis Alberto Paredes, Diego Federico Differding, Luis Alberto Gómez, Andrés Maximiliano Paredes, Alfredo Horacio Imaz, Hugo Fabricio Troncoso, Daniel Eduardo Chávez, Carlos Alcides Rosas, Luis Jesús Carlino, Romeo Fabián Valdés y Juan Manuel Rosas, según informó Uno.

Pese a la condena, la fiscalía decidió ir en apelación a la Cámara de Casación Penal, porque no compartió el criterio del tribunal, no sólo la cuantía de la condena, sino también porque no compartió el criterio que los sentenciados no debieran responder por los delitos de privación ilegítima de la libertad e instigación a cometer delitos, por los saqueos que ocurrieron en medio de la sedición.

De la misma forma, los defensores acudieron al organismo de revisión por entender que no había elementos para la condena.
Agravamiento de las penas
En mayo de 2016, la Cámara de Casación Penal avaló lo planteado por el Ministerio Público Fiscal, y dispuso agravar las penas lo mismo que la calificación penal de la sentencia. De esa manera se elevó las penas hasta siete años a los policías por entender que fueron coautores de la sedición agravada y privación Ilegítima de la Libertad, en concurso ideal.
“Libres y en tareas pasivas”
En la audiencia de esta jornada en el Superior, el abogado defensor Bacigalupe comentó: “Se pidió la anulación de la sentencia, por considerarla arbitraria y desproporcionada”.

Recordó que los 17 policías, pese a la condena inicial, se encuentran en libertad, porque el fallo no está firme “y dentro de la fuerza están en tareas pasivas, percibiendo el 50% de su sueldo”.

También recalcó que la gran mayoría de los uniformados fueron respaldados por la Justicia, luego de que se iniciara una demanda contra el Estado provincial por su prisión preventiva por el término de 123 días en cárceles en “condiciones vejatorias para los acusados que gozaban con la presunción de la inocencia”. De esta manera, el Estado fue sancionado con el pago de indemnizaciones a los policías.
Fuente: Diario El Sol

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