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La negociación tuvo una primera y única reunión, el 6 de marzo, y entonces el Gobierno prometió presentar una propuesta salarial cuando concluyera el primer trimestre del año y contara con el índice inflacionario.

En medio ocurrió la pandemia de coronavirus y el aislamiento social, preventivo y obligatoria, y la negociación salarial quedó en el olvido.
Piden “inmediata continuidad” de la paritaria
Ahora, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) y la Unión Docentes Argentinos (UDA) (es decir, la mayoría a excepción del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop)) se presentaron en Trabajo y pidieron “la inmediata continuidad de la paritaria salarial”.

A su vez, los tres gremios denunciaron “el incumplimiento del artículo 6° de la Ley N° 9.624 de Convención Colectiva de Trabajo Docente, dado que el mismo obliga a las partes a negociar de buena fe. Concretamente, en la presentación se recordó que estas organizaciones concurrieron a la audiencia del 6 de marzo y se encontraron con la ausencia de propuesta por parte de la patronal, quedando la negociación irresuelta a partir de ese momento”.

“Como es sabido, nuestro país se encuentra atravesando circunstancias excepcionales desde mediados de marzo a causa de la emergencia sanitaria, habiéndose dispuesto en todo el territorio nacional el aislamiento social, preventivo y obligatorio como principal medida para evitar la propagación del Covid-19. Sin embargo, transcurrieron ya cuatro meses de aquella audiencia y seis meses desde el último incremento salarial, no habiendo la patronal presentado ninguna propuesta de recomposición en ese lapso y generando así una pérdida en materia salarial que impacta directamente sobre la capacidad de subsistencia de un porcentaje considerable de trabajadores docentes y sus familias”, dijeron desde Agmer.
Argumentos
Indicaron, asimismo, que la ley que declara el “estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional” por un mínimo de un año, promovida por el Ejecutivo provincial y aprobada por ambas cámaras de la Legislatura la semana pasada, generará al momento de su implementación una clara reducción salarial para un número importante de trabajadores del sector público, avanzando así en dirección contraria de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en cuanto a la realización de esfuerzos para alcanzar acuerdos por medio de las negociaciones colectivas. Del mismo modo, se señaló que la ley atenta también contra el principio de buena fe al inhabilitar al Consejo General de Educación como paritario de la negociación colectiva.

De esta manera, las organizaciones nucleadas en el Frente Gremial Docente “avanzamos mediante acciones concretas para propiciar la reanudación de la discusión salarial y el cese por parte del gobierno provincial de las conductas que atentan contra nuestros derechos laborales. Como sindicato remarcamos el sostenimiento del vínculo pedagógico entre la escuela y la comunidad durante estos meses cargados de incertidumbre, por lo cual demandamos a la patronal que asuma sus responsabilidades y retome con buena fe las negociaciones cuanto antes”.
Fuente: Entre Ríos Ahora.

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