El Jurado de Enjuiciamiento –que lleva adelante el proceso de jury a la procuradora Adjunta y fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche- está conformado por siete miembros, tres de ellos vocales del STJ: Martín Carbonell, Claudia Mizawak y Daniel Carubia, los tres de forma titular. A ellos se suman tres miembros suplentes, que fueron designados el 3 de diciembre de 2019: Bernardo Salduna, Miguel Giorgio y Emilio Castrillón. Jubilado Castrillón, se designó por sorteo en su reemplazo a Smaldone.
Pero Smaldone ya tiene también el trámite jubilatorio iniciado en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Lo inició el 25 de octubre: su expediente está, desde el lunes 13 de este mes, en el despacho de la Presidencia de la Caja de Jubilaciones.
Los representantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) ante el Jurado de Enjuiciamiento -3 sobre un total de 7- fueron recusados por la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche. También Goyeneche recusó al senador Armando Gay (PJ) y a la abogada Sonia Rondoni, todos integrantes del jury que votaron abrirle causa y suspenderla en la función a partir de sendas denuncias por supuesto mal desempeño presentadas, primero, por el abogado Carlos Reggiardo; y luego, por los letrados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. Todos ellos le reprochan no haberse excusado en la causa de los contratos truchos en la Legislatura por su vínculo con uno de los imputados, Pedro Opromolla.
La recusación supone que otros jurados, los suplentes, resuelvan el planteo de Goyeneche. Los tres vocales suplentes designados y con juramento ante el Senado son Miguel Giorgio, Bernardo Salduna y Emilio Castrillón, expresidente del alto cuerpo. Castrillón, con un pedido de juicio político abierto en la Cámara de Diputados, logró zafar de ese compromiso y consiguió una oportuna jubilación otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones el 7 de mayo último.
En su escrito de recusación, la procuradora Adjunta sostiene que el jury en su contra obedece a una acción que tiende a “interferir en la independencia funcional del Ministerio Público Fiscal ante el avance de las investigaciones y juicios por graves delitos de corrupción que se siguen en la Provincia. Esta acción deliberada tiende tanto a obstaculizar esas investigaciones concretas (…) como de infundir temor a jueces y fiscales, para de esa manera conseguir resultados más favorable a los investigados y acusados”.
Y resalta que esa “interferencia en la independencia del Ministerio Público Fiscal se concreta a través de un procedimiento de remoción que se encuentra condicionado por intereses de algunos actores del sistema político provincial, en particular por la amplia influencia que tienen o pueden tener personas imputadas en causas de corrupción, o allegadas a las mismas, en quienes ejercen la función de jurados”.
Luego de recusar a 5 de los 7 miembros del Jurado de Enjuiciamiento, Goyeneche pidió que se suspenda todo trámite procesal “hasta la resolución de los apartamientos” pedidos respecto de Carbonell, Mizawak, Carubia, Gay y Rondoni. Ante esa petición, el secretario del Jurado de Enjuiciamiento solicitó al STJ “la designación de nuevo integrante suplente para intervenir en la presente causa” por lo cual el planteo recusatorio queda así “en reserva” hasta que se resuelva ese entuerto.
El martes 14, Rodríguez Vagaría firmó un escrito junto a la secretaria del STJ, Elena Salomón, dirigida al área de Acuerdos del máximo tribunal para solicitar “que con la mayor celeridad posible se proceda a la designación de un representante –suplente- del Alto Cuerpo ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento para intervenir en la presente causa”.
En forma rápida, por acuerdo, el STJ nombró reemplazante de Castrillón a Smaldone.
Vale recordar que Smaldone fue designado en el cargo de vocal por el ex gobernador Sergio Urribarri. En tanto, su hijo Guillermo Smaldone fue secretario de Trabajo primero y presidente del Tribunal de Cuentas después del segundo gobierno de Urribarri. Además, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, Urribarri nombró a Smaldone como asesor legal de la Cámara Baja.
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