Al Smartphone de Caprarulo se sumó recientemente el secuestro de otro aparato, que pertenece a uno de los socios propietarios de CETW Brokers, firma que también asesoró a la municipalidad concordiense, aunque por un lapso significativamente menor, en los últimos meses de la gestión de Cresto.
Según pudo saber El Entre Ríos, el empresario se presentó en Fiscalía, oportunidad en que fue sometido a una requisa personal y al secuestro de su teléfono móvil. No obstante, el aparato aún no ha sido “abierto”, puesto que tal acción requiere de una autorización de la Justicia de Garantías que aún ha sido concedida.
A pesar de que aún no hay imputaciones formales, no son pocas las novedades que han trascendido desde la apertura de la investigación. Por caso, desde Fiscalía han resaltado que, desde que dejó de haber "asesores externos" que intermediaran entre el Instituto del Seguro y el Municipio, este último se habría visto beneficiado con una bonificación del 5 por ciento en la contratación, lo que hoy significa unos 3 millones de pesos mensuales que se ahorra el erario público. Fiscalía deduce este dato del testimonio del actual Secretario de Hacienda de la Municipalidad, que declaró que formalizó el pedido de la bonificación, y de una testigo del IAPSER que confirmó que se lo otorgaron.
Otra novedad relevante fue la presentación del exintendente Enrique Cresto. Según revelaron sus abogados, María de los Ángeles Petit y Matías Lladós, Cresto “se presentó espontáneamente ante la Fiscalía, ante los rumores y publicaciones así como declaraciones del actual intendente Francisco Azcué y sus funcionarios de que existían denuncias e investigaciones en su contra, poniéndose a disposición del Ministerio Público Fiscal, porque es evidente –sostuvieron- el objetivo político de poner en duda la honestidad y la transparencia de la gestión que encabezó. Es decir, por parte de Cresto no existe temor a que se investigue, pero quien lo haga debe tener la suficiente imparcialidad, para no direccionar esa investigación”, añadieron.
Petit y Llados plantearon la recusación de José Arias, tomando como antecedente sentencias penales del año 2019, que ya habían apartado al fiscal en otra causa en la que Cresto fue imputado y que terminó archivada. El planteo recusatorio efectuado por Petit y Lladós endilga también a Arias haber violado “garantías constitucionales del exintendente”, a la par que atribuye al fiscal una “marcada posición ideológica que ha sido constantemente pregonada por el fiscal en su búsqueda para acceder a la Fiscalía Anticorrupción”.
