El ex gobernador y presidente de la Cámara de Diputados dijo: "Estamos todos en peligro si la interpretación de un contenido comunicacional puede constituirse en la base de una acusación penal". Se refirió así al cuestionamiento a los cortos televisivos emitidos en la oportunidad. Por estas horas se están tomando declaraciones testimoniales por los contratos de publicidad que hizo el gobierno anterior a través de la empresa Nelly Entertainment SA, propiedad de Jorge "Corcho" Rodríguez y Facundo de Vido, hijo del ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido.
"He tomado conocimiento que desde el Ministerio Público Fiscal se ha iniciado una investigación que procura determinar si en el curso de aquella gestión se han producido irregularidades encuadrables en algún tipo penal. Desde ya rechazo tal posibilidad. Pero a los efectos de dejar en claro mi actuación legítima, ofrezco mi colaboración en los términos del artículo 16 del Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos. Téngase presente", expresa el escrito presentado este miércoles.
Con el patrocinio del abogado Marcos Rodríguez Allende y Raúl Barrandeguy, Urribarri se puso a disposición de la Justicia y de los fiscales para facilitar información y colaboración en el proceso.
El ex mandatario anticipó su total rechazo a los argumentos de la investigación preliminar. "Fue un evento histórico, nunca antes seis presidentes habían estado en la provincia no obstante la importancia que el Mercosur reviste para la economía de Entre Ríos", sostuvo. Y agregó: "Si bien se trató de un hecho político de singular importancia, también significó un enorme desafío administrativo y logístico. Tuvimos que disponer de nuestra organización y energía para asegurar el éxito de los encuentros, en el que entre otras cuestiones trascendentales, se discutía la incorporación plena de Bolivia al bloque regional".
En el escrito, también señaló que "para afrontar la situación desde el punto de vista político, administrativo y presupuestario y encuadrarla legalmente, envió a la Legislatura un proyecto de ley que declaraba de interés provincial la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercosur y ordenaba una serie de disposiciones para dar un marco legal a las contrataciones de suministros, obras y servicios inherentes a la Cumbre".
"Así, -continuó- la Legislatura provincial sancionó la ley 10.327 que dio marco jurídico a la gestión administrativa y patrimonial dado que no se podía responder a las necesidades del evento aplicando la legislación común. Al texto de la ley me remito".
Para el evento diplomático se creó la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), un ente creado por el Poder Ejecutivo tras la sanción de la Ley 10.327, que permitió eludir los llamados a licitaciones y concretar la compra de bienes y servicios de manera directa.
Urribarri , a quien los diputados no votaron el desafuero, explicó que "de tal modo, para concretar la Reunión Ordinaria del Consejo del Mercosur me regí, en mi carácter de gobernador, por las disposiciones de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, por la Ley Nº 10.327 y supletoriamente por la Ley de Administración Financiera Nº 5140 y por la Ley de Obras Públicas Número 6.351.Los actos y contratos administrativos devenidos de la aplicación de la Ley 10.327 tuvieron, en su caso, la intervención previa de la Contaduría General de la Provincia y la posterior de la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos, que aprobó lo actuado. De modo tal que se cumplió con el bloque normativo aplicable a la situación".
Más adelante, insistió que todo lo que se hizo "lógicamente tuvo un capítulo comunicacional cuyas piezas se confeccionaron y difundieron bajo la misma cobertura legal. Además, específicamente en el tema de avisos televisivos, la temática de los mismos fue claramente institucional y de promoción de valores y activos provinciales, no muy diferentes a decenas de avisos protagonizados por gobernadores hablando de su provincia a lo largo de las últimas décadas".
En la causa del Mercosur están implicados funcionarios y empresarios locales. Para que se pudiera llevar adelante la Cumbre fueron necesarias 20 obras de infraestructura que demandaron una inversión de 40,5 millones de pesos. La firma que se alzó con la mayoría de las contrataciones directas fue Caballi SA, de Miguel Marizza, que ejecutó 12 trabajos por los que el Estado entrerriano acordó pagar 11.722.585 pesos.
Eso se convalidó a través de una serie de resoluciones emitidas por la UOCM, integrada precisamente por funcionarios y empresarios para controlar la asignación de las obras. De ese ámbito fue parte Marizza, que, también, se alzó como uno de los principales contratistas. La actual directora provincial de Vialidad, Alicia Feltes, integró la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, por eso la Justicia también puso la lupa en su accionar hace tres años.
