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El megajuicio al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, se viene desarrollando en maratónicas jornadas aunque no se llegaría a terminar antes de la feria judicial. Todo hace presumir, en cambio, que la definición judicial sobre el exmandatario peronista y otros funcionarios de su gobierno se conocerá en febrero, con el reinicio de la actividad en los tribunales de la capital entrerriana. El proceso prosigue en momentos en que avanzó un jury contra la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, ahora suspendida de su cargo.

El juicio se desarrolla con Urribarri siguiendo las instancias desde Jerusalén, donde desarrolla su actividad diplomática. Cuando le tocó declarar lo hizo desde allí, a diferencia de funcionarios de su gobierno, que siguen el juicio de manera presencial, entre ellos el cuñado del embajador, Juan Pablo Aguilera, y dos exministros, Pedro Báez y Hugo Marsó.

A Urribarri y sus exfuncionarios se los juzga por cinco causas iniciadas por las contrataciones oficiales a las imprentas de su excuñado, que además era en ese momento secretario de la Cámara de Senadores, y por otros hechos como al pago de avisos de campaña con fondos públicos y presuntas desviaciones de fondos públicos para acciones proselitistas.

El tribunal que juzga al exmandatario provincial y sus exfuncionarios está compuesto por los jueces José María Chémez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, quienes deberán resolver sobre este juicio en el que la Fiscalía pide 8 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para el actual embajador.

Al proceso judicial que se desarrolla en Paraná se lo denomina megajuicio porque allí confluyen varios expedientes que incluyen, cada uno de ellos, varios diversos delitos imputados.

A cada expediente, la prensa y la opinión pública, pero de tanto en tanto también las partes del juicio, lo denominan con nombre de fantasía. Es el caso de “Sueño entrerriano”, que es como se bautizó a la causa en la que se busca dilucidar si hubo desvío de fondos públicos para campañas destinadas a imponer la precandidatura a presidente de Urribarri. También está la causa “Cumbre del Mercosur”, donde la fiscalía acusa por el presunto desvío de 28,4 millones de pesos que debieron haber sido destinados al encuentro de presidentes de la región, realizado en esta ciudad en 2014.

Para la parte acusadora, la suma de casi 29 millones de pesos “fue aplicada para beneficio personal de Urribarri, a través de la difusión nacional de los cuatro spots publicitarios, con el único propósito de instalar su precandidatura a presidente de la Nación en las elecciones generales de 2015”.
Fuente: Jorge Riani para La Nación

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