“En plena etapa de ejecución de sentencia del expediente ‘Majul, Julio’ contra la Municipalidad de Pueblo Belgrano y otro sobre un amparo, nos encontramos con la ciudad bajo agua”, plantearon.
“La realidad demostró por un lado que cayeron cerca de 300 milímetros en 72 horas y no hubo posibilidad de que la población pueda evacuarse y evitar la infinidad de daños materiales que hoy tenemos: llovió mucho, pero también hemos hecho desaparecer las esponjas de amortiguación que tiene todo curso de agua; que son precisamente las zonas bajas, llamadas de pantano o humedal y todo nuestro monte en galería”.
La causa Amarras fue presentada a los fines de objetar la obra iniciada en la zona costera, sobre la margen perteneciente a Pueblo Belgrano. Todas las instancias judiciales, incluso la Suprema Corte de la Nación, coincidieron en la ilegalidad del emprendimiento de Altos de Unzué y en la gravedad jurídica y ambiental que constituye.
“El emprendimiento arrasó con 112 hectáreas de monte en galería y zona de amortiguación, como asimismo provocó la elevación de la cota en unos 7 metros. Para luego avanzar y provocar el bloqueo del arroyo El Zapallo y hacerlo ingresar hacia el interior de la laguna artificial construida; volviendo a salir nuevamente al río, en vez de que esa agua escurra en su curso natural y sirva como cauce aliviador del caudal del Gualeguaychú”, sostuvieron.
“Las ciudades ribereñas deben convivir con el río y respetar su cauce; la alteración del equilibrio hídrico en plena tropicalización del clima y por ende aumento considerable de precipitaciones en poco tiempo, provoca daños materiales enormes a las comunidades. Tenemos el gran desafío de planificar las construcciones en terrenos altos que no alteren las dinámicas hídricas, ni que invadan las planicies de inundación de los cursos de agua”.
Frente al contexto descripto, consideran “esencial avanzar con un plan de ordenamiento territorial que respete los valles de inundación y cauces de los ríos y arroyos” e insisten en que “los emprendedores inmobiliarios deben respetar las leyes vigentes”.
La declaración concluye con un pedido a las partes condenadas de “urgente recomposición” del predio a su estado anterior: “Basta de dilaciones y chicanas legales. Altos de Unzué, el gobierno de Entre Ríos y Pueblo General Belgrano son responsables de la gravedad de estas inundaciones”.
